El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra desde el martes en el Palacio de las Marismillas, en el Parque Nacional de Doñana, donde pasa unos días de vacaciones de Semana Santa. Tras la reunión del Consejo de Ministros del martes, Sánchez viajó en avión desde Madrid hasta la Base Naval de Rota para después trasladarse a Sanlúcar de Barrameda y cruzar por Bajo de Guía la desembocadura del Guadalquivir hasta adentrarse en Doñana. La llegada del jefe del Ejecutivo al enclave natural onubense no ha pasado desapercibida. En Sanlúcar de Barrameda, punto habitual de tránsito hacia el Coto de Doñana, vecinos y visitantes presenciaron un notable despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un constante movimiento de vehículos oficiales y embarcaciones.
Lo que ha trascendido a través de fuentes próximas a la seguridad del Estado es que una parte significativa del dispositivo de protección desplegado en el entorno de Las Marismillas corresponde a los Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, los conocidos como GRS. Se trata de agentes altamente especializados, con gran prestigio en el Cuerpo y cuya labor ha sido reconocida internacionalmente, cuya misión principal es garantizar la seguridad pública, colaborando especialmente en protección civil, en casos de catástrofes, control de multitudes o misiones de paz, si bien la protección de altas personalidades también figura entre sus cometidos.
Lo que ha generado malestar en determinados sectores del Instituto Armado es la procedencia operativa de varios de los agentes desplazados a Doñana. Según fuentes conocedoras del operativo, algunos de los efectivos movilizados pertenecen a unidades que habitualmente se dedican al apoyo en operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado. Entre las funciones específicas de los GRS figura precisamente el apoyo operativo a otras unidades en situaciones de especial riesgo, como operativos contra el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado, así como la protección de edificios oficiales y personalidades, tanto en territorio nacional como en misiones internacionales.
Esta circunstancia adquiere un relieve particular en el actual contexto del sur de España. Al menos cuatro de las diez mayores capturas de cocaína registradas en España entre 2022 y 2026 han contado con la detención o investigación de miembros de la Policía Nacional o la Guardia Civil, según datos del Ministerio del Interior. La lucha contra el narcotráfico en Andalucía sigue siendo una prioridad declarada, pero los recursos humanos disponibles son objeto de pugna constante entre los distintos dispositivos de seguridad que demandan efectivos cualificados.
El debate no es nuevo. En octubre de 2022, el Gobierno desmanteló el Organismo de Coordinación del Narcotráfico Sur, integrado por 130 agentes especializados en la lucha contra el tráfico de drogas y actividades ligadas a ella como el blanqueo de capitales, el crimen organizado y la corrupción, una decisión que coincidió con un repunte del narcotráfico en la zona y que fue ampliamente criticada por la oposición y las asociaciones de guardias civiles. Aquella disolución dejó a las unidades del sur con menos recursos especializados, lo que hace que el empleo de agentes con perfil antidroga en tareas de escolta presidencial resulte, cuando menos, llamativo.
El Palacio de las Marismillas, construido a comienzos del siglo XX y hoy perteneciente al patrimonio del Estado, es una de las residencias oficiales más discretas y con un entorno más espectacular, al estar ubicada muy cerca de la desembocadura del río Guadalquivir. Desde Felipe González, prácticamente todos los presidentes del Gobierno han utilizado este enclave para sus periodos vacacionales. Sánchez ya estuvo en Doñana en la Semana Santa de 2024, siendo esta su primera visita desde entonces.
El operativo de seguridad en torno a Las Marismillas es, en cualquier caso, un dispositivo de envergadura. En anteriores estancias presidenciales en este mismo emplazamiento, se han llegado a desplegar alrededor de cincuenta agentes de los GRS, procedentes de distintos puntos del territorio nacional, equipados con rifles de asalto, subfusiles y rifles de precisión para los tiradores selectos que vigilan el perímetro de la residencia.
El trasvase de efectivos especializados en narcotráfico hacia misiones de protección personal del presidente genera una pregunta de fondo que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil llevan tiempo planteando: si los recursos humanos son limitados y la presión del crimen organizado en el sur de España no cesa, cada agente destinado a custodiar una residencia vacacional es un agente que deja de estar donde más se le necesita en la lucha contra los clanes de la droga.
