El gobierno de Javier Milei ha interrumpido el envío de kits de ADN a los consulados argentinos en Europa, paralizando de facto la búsqueda fuera del país de personas que sospechan ser hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar, que se extendió entre 1976 y 1983. La denuncia fue formulada este miércoles por integrantes de la Red Internacional en Europa de Abuelas de Plaza de Mayo ante la agencia EFE, y ha desatado una nueva controversia sobre las políticas de derechos humanos de la administración libertaria.
El programa para facilitar análisis de identidad a través de los consulados fue establecido hace dos décadas y relanzado en 2021 bajo el lema “Argentina te busca”, que invitaba a quienes dudaban de su origen a acercarse a las sedes diplomáticas para recibir asesoramiento y someterse a una extracción de sangre. Los kits de ADN llegaban a los consulados mediante valija diplomática, garantizando que la muestra se tomara en territorio argentino y ante autoridades argentinas.
Jorge Ithurburu, coordinador de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en Roma, explicó que desde la asunción de Milei como presidente se interrumpió el diálogo con las sedes consulares y dejaron de enviarse los kits fuera de la vía judicial. La Cancillería, dijo, “está desarticulada y media CONADI también”. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) es el organismo que desde 1992 canalizaba las investigaciones y coordinaba con la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería la toma de muestras en el extranjero.
En agosto de 2024, el gobierno de Milei clausuró la unidad de investigación de CONADI alegando que sus atribuciones judiciales eran inconstitucionales y se solapaban con las del Ministerio Público Fiscal. Desde entonces, el mecanismo extrajudicial para que ciudadanos argentinos en el exterior puedan acceder a una prueba genética quedó sin respaldo institucional efectivo.
El argumento oficial para justificar la suspensión ha sido cuestionado con dureza por las organizaciones. Lila Parrondo, psicóloga e integrante de la red Europea por el Derecho a la Identidad de Abuelas en Madrid desde hace 25 años, señaló que el gobierno esgrime que “no se puede custodiar la muestra de forma que tenga validez judicial”, a lo que respondió: “Llevamos desde el 2005 mandando muestras y nunca hubo problemas; siempre llegaron bien y tuvieron validez”.
Fuentes oficiales consultadas por el diario Perfil reconocieron que existen demoras en las entregas, pero rechazaron de forma enfática la discontinuidad del programa, insistiendo en que no está suspendido. Sin embargo, el Ministerio de Justicia admitió que hay retrasos y afirmó esperar reanudar los envíos lo antes posible, al tiempo que informó del nombramiento de un nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Leonardo Szuchet, cuya designación aún no había sido publicada en el Boletín Oficial.
El impacto humano de esta parálisis es inmediato. La interrupción deja sin opciones a quienes no pueden costearse un viaje a Buenos Aires para realizarse los análisis de identidad de forma presencial. La red internacional de Abuelas tiene sedes en Madrid, Barcelona, Roma, París, Estados Unidos y Canadá. Hasta el momento, una decena de hijos de desaparecidos han sido localizados viviendo en el extranjero, aunque los responsables de la red advierten de que podría haber muchos más, dada la doble nacionalidad que poseen numerosos argentinos en Europa.
El desmantelamiento institucional que ha hecho posible esta situación es, según los denunciantes, sistemático. Claudia Carlotto, quien estuvo al frente de la CONADI durante 32 años hasta ser obligada a jubilarse, declaró que “esa unidad fue diluida, desecha por decreto” y que su cargo fue eliminado. Desde Roma, Ithurburu añadió que despidieron a todas las compañeras de la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería.
Pese a los obstáculos, los activistas no renuncian a seguir buscando. Martín Moze, integrante de H.I.J.O.S. Barcelona, prefirió el optimismo: “Si ellas pudieron encontrar a nietos en plena dictadura, nosotros tenemos la convicción de que vamos a seguir buscando y encontrando a nuestras hermanas y hermanos”.
Las Abuelas de Plaza de Mayo emitieron este martes un comunicado bajo el título “Exigimos al Gobierno que regularice el mecanismo de toma de muestras en consulados”, en el que manifestaron su preocupación y solicitaron a las autoridades, “en particular a la Cancillería argentina”, que arbitren los medios necesarios para resolver el asunto con prontitud, recordando que cerca de 300 personas continúan viviendo con nombres falsos. El robo de bebés de desaparecidos durante la dictadura está tipificado en Argentina como delito imprescriptible desde 2007.
