La primera sesión del juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos públicos de mascarillas durante la pandemia dejó este martes en el Tribunal Supremo una avalancha de testimonios comprometedores, contradicciones y maniobras defensivas que marcarán el tono del proceso. Trece sesiones, hasta el 30 de abril, determinarán si las acusaciones de cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal prosperan contra quienes se sientan en el banquillo.
La jornada arrancó con la lectura de los escritos remitidos por dos testigos de especial relevancia política: la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Ambos eran presidentes de gobiernos autonómicos durante la pandemia, Baleares y Canarias respectivamente, y ambas comunidades compraron mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa en el epicentro de la presunta trama. Ninguno de los dos compareció en persona, amparados por el privilegio que el Supremo les concedió en razón de sus cargos actuales.
El testimonio del ministro Torres fue, con todo, el más detallado. El ministro reconoció que fue conocedor de los expedientes cuando, en junio de 2020, el asesor Koldo García se puso en contacto con él para trasladarle el incumplimiento de pago a Soluciones de Gestión, y admitió que realizó un seguimiento de los expedientes respetando las decisiones que los servicios técnicos de salud consideraban más adecuadas. No obstante, subrayó que en todo ese proceso no dio ninguna orden ni formalizó ninguna resolución a favor de la mercantil, y que todas las instancias administrativas que auditaron esos expedientes concluyeron que fueron realizados con rigor técnico y administrativo.
Armengol, por su parte, optó por una declaración más esquiva. La presidenta del Congreso aseguró que como presidenta del Govern balear no estaba al tanto de la tramitación de expedientes administrativos y que no dio indicaciones sobre a quién se debía contratar, ni en el ámbito sanitario ni en ningún otro. En la causa obran mensajes entre Koldo y Armengol que denotan cierta confianza entre ambos, ya que el asesor le respondió con “vale cariño, te mantengo informada de todo” cuando hablaban de gestionar la compra de material sanitario. La acusación popular del PP protestó porque, al no comparecer presencialmente, no hubo posibilidad de preguntarle, entre otras cosas, por qué los integrantes de la trama la llamaban “cariño”.
Inmediatamente después de la lectura de esos escritos, el primogénito del exministro, Víctor Ábalos, pasó a declarar como testigo para aclarar su situación patrimonial en relación a su padre. Negó ser el “custodio” del dinero del exministro ni haberle efectuado pagos “en mano ni de ningún tipo”, y repitió en varias ocasiones que no es custodio de nadie. La clave de su declaración giró en torno a las conversaciones intervenidas entre Koldo García y José Luis Ábalos en las que el primero afirmaba que Víctor “tenía que tener dinero del exministro por cojones” y el segundo respondía “sí, me va dando 1.000, 4.000”.
El testigo respondió a esas conversaciones calificando de “falso” su contenido. Aseguró que todo lo que le ha dado a su padre procede de su propio dinero, y explicó que realizó un préstamo inicial de 20.000 euros para ayudar a su progenitor a afrontar los gastos derivados de su proceso de divorcio, sin que hubiera nada opaco en ello. En cuanto a sus empresas en Colombia y sus referencias a “café” en conversaciones con Koldo García, negó hablar en clave ni haber utilizado teléfonos encriptados, explicando que a Koldo le gusta mucho el café y que simplemente se lo compraba porque viajaba a ese país por motivos de negocios. A preguntas sobre la situación de su padre, Víctor Ábalos señaló que la considera “lamentable, como la de toda la familia”.
La sesión de la tarde, sin embargo, resultó la más esperada. Jéssica Rodríguez, expareja del exministro, compareció ante el tribunal de espaldas a la cámara y con mascarilla para preservar su identidad, en una declaración que se prolongó más de dos horas y en la que respondió con frecuentes evasivas y numerosas lagunas de memoria. Su declaración giró principalmente sobre sus trabajos en Ineco y Tragsatec, empresas públicas en las que cobró 43.978 euros entre 2019 y 2021, pese a que nunca llegó a trabajar.
El fiscal le preguntó directamente si Ábalos era consciente de que no acudía a sus puestos de trabajo. La testigo respondió sin ambages: “Sí, claro. El señor José Luis Ábalos estaba al tanto de todo”, aunque aclaró que él no se metía en los asuntos laborales, pues esos temas los trataba con Koldo y Joseba. Añadió que tenía un contrato en Ineco pero no trabajaba activamente, y que cobraba a la espera de que Joseba o Koldo le indicaran lo que debía hacer. Reconoció además que los partes de trabajo casi siempre los elaboraba Joseba para dar apariencia de actividad laboral.
Sobre el piso en la Plaza de España de Madrid donde vivió sin pagar alquiler, Rodríguez explicó que el propio Ábalos le propuso buscar una vivienda donde pudieran verse con más comodidad, diciéndole que mirara casas y eligiera la que le gustara, y que aunque no sabía quién pagaba el inmueble, para ella siempre fue el exministro quien asumía todos los gastos. También desveló que, pese a que la relación terminó en noviembre de 2019, Ábalos siguió haciéndola regalos como un iPhone, el pago de la matrícula universitaria y la operación de su gato, todo ello porque, en su opinión, él se sentía “en deuda” con ella por haber incumplido sus promesas y haberle cambiado su estilo de vida.
Cuando el abogado de Ábalos le preguntó si era prostituta, Rodríguez rechazó la insinuación con rotundidad: “No, soy dentista y estoy colegiada”, precisando que en 2019 era azafata de imagen.
La jornada cerró con otro testimonio llamativo, el del hermano de Koldo García, Joseba, quien se acogió en su mayor parte al derecho a no declarar por estar imputado en la Audiencia Nacional, si bien reconoció haber acudido dos veces a la sede del PSOE en Ferraz para recoger sobres con dinero, así como haber viajado a República Dominicana para recoger un sobre con documentación como favor a Víctor de Aldama.
El caso Koldo, que comenzó como una investigación sobre la compra irregular de mascarillas durante la pandemia, ha derivado en el proceso judicial más grave al que se haya enfrentado un miembro del Gobierno de Pedro Sánchez. La Fiscalía Anticorrupción solicita hasta 30 años de prisión para Ábalos. Quedan doce sesiones por delante.
