El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene sin ejecutar aproximadamente el 70% de los 560 millones de euros que recibió de la Unión Europea hace más de un año para atender la llegada de inmigrantes a España. La cifra retenida asciende a 392 millones de euros. Desde que Bruselas transfirió ese desembolso a las arcas del Estado, el Ejecutivo únicamente ha distribuido 130 millones a Canarias y alrededor de 8 millones repartidos entre Ceuta y Melilla. El resto permanece bloqueado en las cuentas del Estado.
Esos fondos europeos fueron concedidos con fines específicos: atender a los menores extranjeros no acompañados acogidos en centros gestionados por las comunidades autónomas, mejorar las posibilidades de inserción sociolaboral de los extutelados y financiar actuaciones en países de origen para prevenir la migración irregular. También deben servir para ayudar a las autonomías a asumir los gastos derivados del reparto extraordinario de inmigrantes aprobado en agosto, que avanza con más lentitud de la prevista.
Canarias, la comunidad que concentra la mayor parte de la presión migratoria, es también la que más sufre las consecuencias de esta parálisis. Según fuentes de la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de Fernando Clavijo, el coste anual de atender a los menores no acompañados supera los 192 millones de euros, mientras que el presupuesto total de la Dirección General de Infancia asciende a 153 millones, lo que genera un desfase de 39 millones que las islas han tenido que cubrir mediante aportaciones extraordinarias de sus propias cuentas. La deuda acumulada que el Estado mantiene con Canarias asciende, según los cálculos del Ejecutivo autonómico, a 252 millones de euros.
En tres años, el Gobierno ha realizado apenas dos pagos a Canarias, el último de ellos a finales de 2025. A ese pago se sumaron los 100 millones prometidos por Sánchez durante lo peor de la crisis migratoria, en 2024, que no llegaron al archipiélago hasta finales de 2025, junto a otros 30 millones transferidos durante ese mismo año. Unas cantidades que, sumadas, no alcanzan a cubrir la deuda adquirida por el Estado. esde Santa Cruz de Tenerife admiten que, respecto al dinero restante, desconocen cuándo llegará, si es que llega.
La opacidad del Ejecutivo central es otro de los elementos que más irrita a las instituciones canarias. Cuando el Ejecutivo canario ha preguntado al Gobierno de Sánchez por el paradero de esos fondos europeos retenidos, la respuesta no ha variado: un silencio que los responsables autonómicos interpretan como prueba de la inacción del Gobierno para atajar la situación. Desde las islas exigen que sea la administración central quien explique qué se está haciendo con ese dinero, pues las comunidades financian con recursos propios una obligación que corresponde al Estado.
El problema no es exclusivo del archipiélago. Varias comunidades autónomas gobernadas por el PP han denunciado que se les exige acoger a más inmigrantes para descongestionar Canarias, dentro del reparto de solidaridad forzosa que impone Moncloa, pero sin la financiación necesaria para hacerlo.
Desde Bruselas, la posición es de discreta pero firme impaciencia. La Comisión Europea asegura haber proporcionado a España la ayuda que el Gobierno le ha pedido en cada momento y se declara dispuesta a ofrecer más apoyo si así se requiere. Sin embargo, recuerda que no puede actuar de manera unilateral: solo intervendrá cuando España lo solicite. El balón sigue, por tanto, en el tejado de la Moncloa.
En las últimas semanas, el Ejecutivo ha impulsado un proceso de regularización masiva que prevé legalizar la situación de cerca de medio millón de personas en situación irregular, una medida que ha generado tensiones con los socios europeos y críticas tanto desde la oposición como desde instituciones comunitarias. La Comisión Europea ha advertido de que conceder estatus legal a gran escala envía un mensaje contradictorio a las redes de tráfico de personas que operan en el Mediterráneo y el Atlántico, precisamente mientras la Unión firma acuerdos con Mauritania y Marruecos para frenar las salidas irregulares.
La acumulación de críticas desde territorios con mayor presión migratoria, la retención de fondos europeos con destino concreto y el choque con Bruselas en materia de regularización configuran un escenario incómodo para el Gobierno, que no ha ofrecido por el momento explicación pública alguna sobre el paradero de los casi 400 millones retenidos.
