El magistrado David Mamán, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, ha dado un nuevo paso en la instrucción del caso que investiga al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, acusado de una presunta agresión sexual a una inspectora subordinada. A través de una providencia, el juez ha pedido al punto violeta que atendió a la denunciante el informe psicosocial resultante de la asistencia prestada por la psicóloga, la trabajadora social y la asesora jurídica de ese centro, así como el informe del médico psiquiatra que la atendió en una clínica.
Según la providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado acuerda librar oficio al Punto Violeta situado en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid para que remita el informe psicosocial elaborado con motivo de la asistencia realizada a la víctima, así como a la Clínica Salud Día de Rivas Centro para que el psiquiatra que la atendió remita al juzgado el informe sobre la atención y el tratamiento dispensados.
La querella señala que la mujer acudió el 2 de junio a ese Punto Violeta, destinado a brindar atención a víctimas de distintas violencias machistas, donde habría sido asistida por dos psicólogas y un asesor jurídico. La solicitud judicial responde a una petición de la acusación particular, esto es, la representación legal de la propia denunciante.
El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, sostiene que esos informes demuestran las lesiones padecidas por la víctima y refuerzan su declaración ante el juez. El letrado se mostró satisfecho con la decisión adoptada por el magistrado, que considera un paso relevante para el avance de la causa.
Una vez que el juez conozca esos informes, decidirá si cita o no a los profesionales que los firman para que presten declaración como testigos. De esta forma, los especialistas podrían ser llamados a relatar ante el tribunal cómo la denunciante les trasladó los hechos que motivaron su atención.
José Ángel González, que ostentó el cargo de número dos de la Policía Nacional dependiente del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska, niega la agresión sexual y asegura que la relación fue consentida, atribuyendo la denuncia a celos y frustraciones profesionales de la agente.
Ante los medios de comunicación, el ex mando policial ha insistido en su inocencia y ha lamentado que la denuncia le haya arruinado la vida personal y profesional.
La querella, admitida a trámite por el juzgado hace semanas, acusa al que fuera número dos de la Policía de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, con la agravante de abuso de superioridad.
En las declaraciones del pasado 17 de marzo, la inspectora ratificó ante el juez su querella por agresión sexual contra el que era número dos del cuerpo y que dimitió tras la denuncia, mientras que él negó los hechos y atribuyó la acusación a maldad, ruindad y odio de su subordinada.
En esa misma jornada, el juez rechazó, de acuerdo con el fiscal, la petición de la víctima de que se prohibiera al ex mando policial comunicarse con ella, decisión que fue recurrida por la defensa de la denunciante.
Entre las pruebas que obran en la causa figura un audio de más de 40 minutos de duración que la denunciante grabó en secreto cuando accedió a la vivienda oficial. Ante el juez, González reconoció su voz en la grabación, aunque negó que el sonido de una cremallera que se escucha en el clip corresponda a la cremallera del pantalón de la presunta víctima, asegurando que pertenece a la funda de la pistola que la mujer portaba durante los hechos.
La instrucción del caso continúa abierta a la espera de que los informes reclamados sean remitidos al juzgado, lo que permitirá al magistrado valorar los posibles daños psíquicos sufridos por la denunciante y determinar los siguientes pasos de la investigación.



