El Gobierno y los principales sindicatos han sellado el acuerdo definitivo para que los empleados de la Administración General del Estado recuperen la jornada laboral de 35 horas semanales. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha confirmado tras la reunión de la Mesa de Negociación que la medida se hará efectiva durante la primera quincena del próximo mes, fijando el límite máximo para su implementación el 15 de abril.
El pacto alcanzado cuenta con el respaldo unánime de las organizaciones sindicales UGT, Comisiones Obreras y CSIF, esta última tras resolver los flecos pendientes sobre la aplicación de la medida en colectivos con condiciones especiales. La reducción horaria, que supone un recorte de dos horas y media respecto a las 37,5 horas actuales, beneficiará de forma directa a cerca de 246.000 empleados públicos en todo el territorio nacional.
Desde el Ministerio se ha subrayado que este cambio no solo responde a una reivindicación histórica del sector público, sino que busca equiparar a la administración central con la mayoría de las comunidades autónomas que ya aplican este horario. El objetivo principal es mejorar la conciliación de la vida personal y laboral, así como potenciar el bienestar del personal funcionario sin que ello suponga una merma en sus retribuciones salariales.
La aplicación de la nueva jornada no será exclusivamente para el personal administrativo de los ministerios. El acuerdo garantiza que la reducción llegue también a colectivos con regímenes horarios específicos, como el personal de Instituciones Penitenciarias y los profesionales sanitarios y docentes destinados en Ceuta y Melilla. No obstante, en estos ámbitos concretos se abrirán mesas de negociación específicas para adaptar los turnos y cuadrantes sin que la atención al ciudadano se vea comprometida.
Los sindicatos han valorado el hito como un paso fundamental para la modernización de la Administración del Estado, aunque han advertido de la necesidad de reforzar las plantillas en servicios críticos. Consideran que la reducción del tiempo de trabajo debe ir acompañada de una planificación adecuada para evitar sobrecargas en departamentos con alta demanda, como la Seguridad Social o el SEPE.
Con la firma de este protocolo, se pone fin a un proceso administrativo que comenzó a principios de año y que cumple con los compromisos adquiridos en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI. Se espera que en los próximos días se publique la resolución oficial que dará el soporte jurídico necesario para que cada organismo pueda reorganizar sus horarios de cara a la fecha límite establecida.
