El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha comparecido ante un juzgado de Vitoria en calidad de perjudicado en una investigación abierta por un correo electrónico que contenía presuntas amenazas de muerte dirigidas contra él y su grupo parlamentario. Su testimonio, con una duración de veinte minutos, se realizó a puerta cerrada ante la magistrada Marta Escudero, y estuvo acompañado por un letrado.
La formación soberanista había optado por no difundir públicamente los hechos en un primer momento, pero confirmó lo sucedido tras informaciones publicadas por diarios del grupo Vocento. Fuentes de la coalición explicaron que los mensajes se remitieron en diciembre y que decidieron no hacerlos públicos por procedimiento interno y por protección de la investigación.
Fueron las representantes de la formación en la Mesa del Parlamento, la vicepresidenta Eva Blanco, líder también de EA, y la secretaria Eraitz Sáez de Egilaz, quienes formalizaron la denuncia en nombre del grupo parlamentario ante la Ertzaintza. Las parlamentarias activaron el protocolo de investigación en delitos informáticos. Desde entonces, el caso ha permanecido bajo secreto relativo mientras se analizaban los indicios, y desde principios de año el expediente está en manos de la Justicia.
El caso trasciende el plano judicial y adquiere una dimensión política de primer orden. EH Bildu enmarca las amenazas en el debate de elección del nuevo titular del Ararteko celebrado en la Cámara vasca en diciembre. En el marco de la designación de Mikel Mancisidor, el líder del PP vasco, Javier de Andrés, deseó que la izquierda abertzale fuera “exterminada”. En concreto, De Andrés afirmó: “La anomalía que ustedes representan, señores de Bildu, es una excepción; sepan que más pronto o más temprano serán exterminados de Euskadi como fuerza política”. Fuentes de EH Bildu señalaron que las amenazas de muerte se produjeron horas después de esas declaraciones.
EH Bildu ha contextualizado el correo dentro de ese debate parlamentario, aunque la investigación judicial deberá determinar la autoría y el posible vínculo entre ambos hechos, que por el momento no ha sido probado. El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, bajo la dirección de la magistrada Marta Escudero, mantiene abiertas las diligencias para identificar al remitente del mensaje intimidatorio.
Las reacciones institucionales no se hicieron esperar. El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, condenó las amenazas y expresó su deseo de que el autor “pague por este delito”. En una entrevista en Radio Euskadi, Zupiria explicó que desde la recepción de la denuncia ha habido un contacto permanente entre Otegi, EH Bildu y la Ertzaintza, que ha desarrollado las tareas de investigación que le corresponden como policía judicial. El consejero lamentó además que este tipo de hechos “se están produciendo en más ocasiones de las que deberían producirse”.
La divulgación del caso coincide con un momento de elevada tensión política en el Parlamento Vasco. Tras las palabras de De Andrés en diciembre, EH Bildu presentó un escrito ante la Mesa del Parlamento solicitando una declaración formal de amparo y el rechazo a lo dicho por el PP, así como la adopción de medidas sancionadoras. La Mesa respondió apelando al debate “respetuoso y constructivo”, aunque el texto aprobado no citaba a De Andrés, lo que motivó el malestar de la formación abertzale, que consideró que se había intentado “blanquear” las palabras del líder popular vasco.
La investigación continúa su curso con el análisis de pruebas técnicas que podrían permitir rastrear la procedencia del correo electrónico y, en su caso, identificar a quien lo remitió.
