Por nuestra realidad insular estamos sometidos al riesgo de que dejen de llegar a las islas productos que no se fabrican aquí y que, por lo tanto, hay que traer de afuera. En ese sentido hay que reseñar una curiosa “escasez” de productos ocurrida en la Isla de Tenerife en 1770.
Ese año la Audiencia de Canarias recibió una Real Orden, proveniente de Madrid, en la que se comenta que han recibido un escrito proveniente del Fiscal de Tenerife en la que se les comunica que en la isla no existen instrumentos de tortura para interrogar a los reos y que, además, tampoco había nadie dispuesto a realizar dichas torturas.
Para poner fin a ese problema, desde la península se le exigió a Canarias que, de forma urgente, se hicieran con los instrumentos necesarios para dar tormento a los presos, como se hacía en otros lugares del estado. Para ello se pidió que destináramos el dinero necesario para poder cumplir con la orden y dar tortura a los presos de las islas. Esa falta de elementos de tortura no gustó a las autoridades centrales.
Por aquella época, la tortura era mal vista en Canarias. Un ejemplo lo tenemos en un caso que ocurrió en el año 1760, diez años antes de ese comunicado desde Madrid. En esa ocasión el Consejo de Castilla pidió que se torturara a un reo que estaba en las islas acusado de estar casado dos veces. La solicitud provino de las quejas del inquisidor que había comunicado al Consejo que el torturador de las islas no tenía pericia alguna y que el potro del tribunal estaba en mal estado por su falta de uso lo que impedía que pudiera ser efectivo.
Las autoridades eclesiásticas de las islas hicieron oídos sordos a los ruegos desde Madrid. Es más, hubo numerosos choques entre los religiosos canarios y la Santa Inquisición por los medios tan drásticos que usaba esta. Afortunadamente, en Canarias el Santo Oficio fue menos rígido que en otros lugares.
En el año 1734 hubo otro caso muy llamativo en Canarias relacionado con el uso de dinero falso y que fue recogido por José de Viera y Clavijo. En esos tiempos circulaba tal cantidad de dinero falso por las islas que el Corregidor de Tenerife se vio obligado a permitir que este se siguiera usando con la intención de evitar la quiebra del sistema financiero insular. Para ello ordenó a todos los comerciantes que aceptaran ese dinero, a pesar de saberse que no era de curso legal.
Una comerciante de Tenerife decidió no seguir esa orden y no aceptó el dinero falso en su establecimiento. Ante ese desacato el corregidor decidió multarla, esperando que el castigo sirviera de ejemplo para otros comerciantes.
El problema es que la mujer decidió pagar la multa con dinero falso. El corregidor se negó a recibir ese pago, por lo que se vio obligado a auto multarse a sí mismo por no cumplir con su propio decreto.
El delito de falsedad de moneda siempre ha sido muy perseguido. Un ejemplo de su gravedad la encontramos en una orden que dictaron los Reyes Católicos durante la Conquista de Canarias. En ella se prometía la libertad a todos los presos de Galicia que vinieran a participar en la toma de Canarias. Quedaban excluidos de ese beneficio a los que hubieran falsificado moneda. O sea, que se perdonaba a asesinos o violadores, pero no a quien creara moneda falsa.
Los dos ejemplos vistos ponen de relieve las diferencias que se han producido en Canarias con respecto al resto del estado, tanto por la lejanía como por la forma de ser.
