El adjunto primero a la Diputación del Común y doctor en Ciencias de la Información Antonio Alarcó reclama una batería de medidas urgentes, entre las que se encuentran el refuerzo de los cuidados paliativos, la salud mental, la inversión en medicina personalizada y la creación de un pacto nacional para hacer frente a la crisis sanitaria que afronta España.
Durante la conferencia ‘La sanidad que tenemos, la que queremos y la que nos merecemos: Periodismo científico’ enmarcada en el ciclo de diálogos en vivo ‘Santa Cruz debate 2026’, Alarcó realizó un diagnóstico de la sanidad española y la terapéutica para mejorarla, basándose en la evidencia científica y su experiencia en órganos nacionales e internacionales.
El catedrático subrayó la necesidad de impulsar una ley estatal de cuidados paliativos que garantice una atención digna y equitativa en todo el territorio. En este sentido, recordó que la Organización Mundial de la Salud estima que al menos 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos cada año, lo que evidencia la magnitud de una necesidad sanitaria que, a su juicio, todavía no cuenta con una respuesta suficiente en España.
También incidió en la importancia de reforzar la atención a la salud mental, un ámbito que ha experimentado un notable incremento en la demanda en los últimos años. Según los datos del Barómetro Sanitario 2025, el 21,2% de la población, especialmente entre los jóvenes de entre 18 y 34 años, ha consultado a un profesional sanitario por problemas de salud mental o malestar emocional en el último año.
Estos han provocado un aumento del 78% en las bajas laborales desde 2018, situándose como la segunda causa de incapacidad temporal prolongada. “La salud mental es un problema estructural que requiere una respuesta coordinada, con más recursos, más profesionales y una estrategia nacional que permita a la sanidad española abordarlo con las máximas garantías”, señaló Alarcó.
Entre las medidas propuestas, el doctor en Ciencias de la Información defendió también la necesidad de alcanzar un gran pacto por la sanidad que permita garantizar la sostenibilidad y eficiencia del sistema sanitario. A su juicio, este acuerdo debe implicar a Administraciones, profesionales y sociedad civil, con el objetivo de reforzar la calidad asistencial y asegurar la viabilidad del modelo a medio y largo plazo.
Asimismo, recalcó la importancia de aumentar la inversión en medicina genómica y personalizada como una de las claves para mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Aunque el Consejo de Ministros aprobó hace tres años el reparto de 206 millones de euros para la sanidad de las comunidades autónomas, de los cuales 46 millones se destinaron a ampliar la cartera de servicios en este ámbito, Alarcó advirtió de que España sigue lejos de situarse a la vanguardia de su implementación y que es necesario intensificar los esfuerzos inversores.
Durante el evento, el experto reclamó la realización de una auditoría científica sobre la gestión de la COVID-19 que permita evaluar las decisiones adoptadas durante la pandemia y extraer lecciones para futuras crisis sanitarias. En este sentido, destacó la importancia de analizar con rigor los aciertos y errores desde una perspectiva técnica y sanitaria. “Es fundamental extraer todos los conocimientos posibles de la pandemia, para poder anticiparnos a futuras crisis sanitarias, mejorar la capacidad de respuesta y reforzar la toma de decisiones basada en la evidencia científica”, afirmó.
Por último, Alarcó puso el foco en el impacto del COVID persistente, que, según una encuesta de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), ha afectado a 2,4 millones de españoles. A su juicio, esta realidad pone de manifiesto la necesidad de reforzar la investigación, el seguimiento clínico y los recursos asistenciales destinados a los pacientes que continúan sufriendo secuelas a largo plazo.
Para Alarcó, afrontar los retos actuales del sistema sanitario exige una visión integral y a largo plazo, basada en la evidencia científica y en la coordinación institucional. “La sanidad es uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar y requiere reformas valientes que garanticen su calidad, su sostenibilidad y su capacidad de respuesta ante los desafíos del presente y futuro”, concluyó.
