La Fiscalía Anticorrupción ha dado un paso decisivo en la resolución judicial del caso Villarejo al presentar su escrito de acusación contra la antigua cúpula del BBVA. En un documento de extrema dureza, el ministerio público solicita una pena de 173 años de prisión para el expresidente de la entidad, Francisco González, y reclama una sanción económica que asciende a los 181,1 millones de euros para el banco como persona jurídica.
La acusación se fundamenta en la presunta contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para realizar labores de espionaje sobre empresarios, políticos y periodistas durante un periodo de doce años, entre 2004 y 2016. Según el texto fiscal, estas actividades habrían vulnerado derechos fundamentales mediante el acceso ilícito a registros de llamadas, documentación bancaria y seguimientos personales.
El desglose de la pena solicitada para Francisco González refleja la gravedad que Anticorrupción otorga a los hechos. Se le reclaman cinco años de cárcel por un delito continuado de cohecho activo y otros 168 años por 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, computando cuatro años por cada una de las víctimas afectadas. No obstante, en la práctica jurídica española, el cumplimiento efectivo de la condena estaría limitado por el Código Penal al triple de la pena más grave impuesta.
Respecto a la responsabilidad del BBVA, la Fiscalía propone una multa de 9 millones de euros por el delito de cohecho y otros 172,1 millones por los delitos de revelación de secretos. El ministerio público sostiene que el sistema de control interno y prevención de delitos de la entidad no era eficaz, permitiendo que la alta dirección actuara al margen de la legalidad.
Junto al exbanquero, el escrito de acusación se dirige contra otras diez personas, incluyendo al propio José Manuel Villarejo, para quien se piden diez años de prisión. La decisión de la Fiscalía llega semanas después de que la Audiencia Nacional ratificara el procesamiento de los implicados, rechazando los recursos de las defensas y despejando el camino hacia el juicio oral.
Desde el banco se ha reiterado su compromiso de colaboración con la justicia, mientras que la defensa de González sigue manteniendo que no existen indicios que demuestren que el expresidente conociera la condición de policía en activo de Villarejo o los métodos ilícitos empleados por su empresa, Cenyt.
