En un giro inesperado de la política fiscal, el Ministerio de Hacienda ha confirmado que finalmente transpondrá la directiva europea que permite a los autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros quedar exentos de declarar el IVA. Esta decisión se produce tras meses de resistencia por parte del Ejecutivo y apenas dos semanas después de que la Comisión Europea elevara el tono contra España, el único país de la Unión que aún no había implementado esta medida de simplificación administrativa.
El nuevo régimen, conocido como IVA franquiciado, supondrá un cambio estructural para miles de trabajadores por cuenta propia en el país. Bajo este sistema de adhesión voluntaria, aquellos profesionales que no alcancen el umbral de los 85.000 euros anuales de ingresos podrán optar por no incluir el IVA en sus facturas y, en consecuencia, dejar de presentar las autoliquidaciones trimestrales y el resumen anual del impuesto.
Fuentes gubernamentales han señalado que esta medida forma parte de un paquete de concesiones necesarias para garantizar el apoyo parlamentario de grupos como Junts al último decreto anticrisis. Hasta ahora, el departamento dirigido por María Jesús Montero se había mostrado reacio a la implementación del sistema, argumentando el impacto negativo que tendría sobre la recaudación pública, estimado inicialmente en más de 500 millones de euros anuales.
Sin embargo, la amenaza real de sanciones económicas por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sumada a la insistente demanda de las principales asociaciones de autónomos como ATA y UPTA, ha terminado por inclinar la balanza. Los representantes del colectivo han celebrado la noticia, subrayando que España se sitúa por fin al mismo nivel competitivo que otros países europeos donde esta franquicia ya opera con éxito, permitiendo a los pequeños negocios reducir significativamente sus costes de gestoría y cargas burocráticas.
A pesar de la exención de cobrar el IVA, el régimen conlleva una contrapartida técnica: los autónomos que se acojan a él no podrán deducirse el IVA soportado en sus gastos de actividad. Por este motivo, los analistas fiscales advierten que la medida será especialmente beneficiosa para perfiles de servicios con pocos costes de infraestructura, pero podría no ser rentable para aquellos que realicen grandes inversiones en material o suministros.
El Gobierno prevé que el desarrollo normativo se complete en los próximos meses para que el sistema esté plenamente operativo antes de que finalice el año. Con este paso, España cierra un capítulo de conflicto con Bruselas y abre una nueva etapa en la fiscalidad de los pequeños contribuyentes, orientada a la simplificación y a la supervivencia de las micropymes en un contexto económico de alta presión inflacionaria.
