El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dictado un nuevo auto en el que insiste en que la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sea juzgada por un jurado popular. Esta decisión llega tras un extenso documento de 46 páginas en el que el magistrado unifica las líneas de investigación y motiva de forma pormenorizada los indicios que, a su juicio, justifican este procedimiento especial.
El magistrado ha convocado para el próximo 1 de abril a las partes implicadas, incluyendo a la Fiscalía y a las acusaciones populares, para una comparecencia clave. En esta cita también están llamados los otros dos investigados en la trama: el empresario Juan Carlos Barrabés y Cristina Álvarez, asesora en el Palacio de la Moncloa.
La resolución judicial detalla que los hechos investigados podrían ser constitutivos de cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos. Es precisamente este último delito, junto al de tráfico de influencias, el que competencialmente atrae la causa hacia la Ley del Jurado.
En el auto, el juez Peinado argumenta que Begoña Gómez habría aprovechado su posición institucional y su proximidad al jefe del Ejecutivo para impulsar su carrera profesional, logrando una interlocución singular con empresas y entidades tecnológicas. El magistrado señala que su condición de cónyuge del presidente influye en la conducta de los ciudadanos debido al poder de decisión que ostenta su esposo.
Esta nueva decisión del instructor se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid frenara un intento previo de tramitar la causa por esta vía, alegando en aquel momento una falta de motivación suficiente. Con este nuevo paso, el juez reafirma su tesis sobre la gravedad de los indicios recabados durante la instrucción, que incluyen la gestión de una cátedra universitaria y la supuesta apropiación de un software desarrollado para la misma.
La defensa de Gómez y el resto de los investigados tienen ahora la posibilidad de recurrir esta resolución, en un proceso que continúa marcando la agenda judicial y política del país.
