El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha decidido hoy lunes, 16 de marzo de 2026, rechazar de forma unánime la investigación contra el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión durante la catástrofe de la Dana de octubre de 2024. Los cinco magistrados de la Sala de lo Civil y Penal han determinado que no existen indicios suficientes para imputar delitos de homicidio o lesiones por imprudencia al actual diputado autonómico.
La resolución judicial, que consta de 70 páginas, responde a la exposición razonada que remitió el pasado mes de febrero la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. En aquel escrito, la instructora planteaba la posibilidad de que la inacción de Mazón durante las horas críticas de la riada tuviera una relación causal con el fallecimiento de más de 230 personas. Sin embargo, el alto tribunal valenciano sostiene que el presidente no ostentaba la posición de garante que exige el código penal para este tipo de delitos.
Según el auto notificado esta mañana, la legislación vigente en materia de emergencias atribuye el mando operativo a la conselleria correspondiente y no directamente a la Presidencia de la Generalitat. Por ello, los magistrados concluyen que no se puede imputar una responsabilidad penal basada en omisiones cuando no existía un deber jurídico específico de actuar directamente en la gestión técnica de la crisis. El tribunal subraya que las decisiones políticas o sociales, por muy discutibles o reprobables que resulten, no tienen por qué derivar necesariamente en infracciones penales.
Esta decisión supone un blindaje judicial para Carlos Mazón ante las querellas presentadas por distintas asociaciones de víctimas y colectivos ciudadanos, que solicitaban su procesamiento basándose en su tardía llegada al Centro de Coordinación Operativa Integrada el día del desastre. El tribunal ha descartado que su ausencia o su presencia en una comida de trabajo aquel día constituyan una infracción legal punible, al carecer de indicios sólidos que vinculen ese retraso con los fallecimientos concretos.
Pese a este archivo respecto a la figura del expresidente, la causa judicial por la gestión de la Dana no se cierra. El Tribunal Superior ha devuelto las actuaciones al juzgado de Catarroja para que prosiga la investigación sobre otros cargos que no gozan de aforamiento. Entre los investigados que permanecen en el proceso se encuentran la exconsellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, cuyas responsabilidades técnicas sí están siendo analizadas bajo la lupa de la instrucción ordinaria.
Desde el ámbito político, el entorno de Mazón ha recibido la noticia como un respaldo a su defensa, mientras que diversas acusaciones particulares ya han manifestado su intención de estudiar posibles recursos. La decisión del alto tribunal marca un punto de inflexión en el calendario judicial de la tragedia, delimitando que la responsabilidad de la máxima autoridad política de aquel momento se dirimirá, por ahora, exclusivamente en el terreno parlamentario y ante la opinión pública.
