El Ministerio del Interior ha oficializado hoy el relevo en la cúpula de la Policía Nacional. El ministro Fernando Grande-Marlaska, a propuesta del director general del cuerpo, Francisco Pardo Piqueras, ha designado al comisario principal José Santafé Arnedo como nuevo director adjunto operativo (DAO). Santafé, que hasta la fecha desempeñaba el cargo de jefe superior de Policía en Baleares, asume así la máxima responsabilidad uniformada de la institución.
Este nombramiento llega para cubrir la vacante dejada por José Ángel González Jiménez, quien presentó su renuncia el pasado 17 de febrero tras la admisión a trámite de una querella por presunta agresión sexual. Durante las últimas semanas, la subdirectora general de Recursos Humanos, la comisaria principal Gema Barroso, había asumido las funciones de manera interina para garantizar la estabilidad operativa del cuerpo en un momento de fuerte sacudida institucional.
El proceso de selección se ha resuelto tras una convocatoria pública de libre designación a la que podían optar los 111 comisarios principales de la escala superior. El perfil de Santafé Arnedo se ha impuesto en un contexto donde los sindicatos policiales y la opinión pública reclamaban una regeneración inmediata del mando tras conocerse los graves hechos imputados a su predecesor.
José Santafé Arnedo cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la Policía Nacional, habiendo ingresado en la escala ejecutiva en 1990. Su carrera se ha desarrollado principalmente en áreas de seguridad ciudadana, policía judicial y extranjería, con destinos destacados en Madrid, Canarias y las Islas Baleares, donde ejercía como jefe superior desde julio de 2022. Su experiencia y formación en ámbitos como los delitos de odio y la dirección estratégica han sido factores determinantes para su elección en esta nueva etapa.
El relevo se produce mientras avanza la instrucción judicial contra el anterior DAO, José Ángel González, quien ha sido citado a declarar en calidad de investigado el próximo 17 de marzo. La denuncia, presentada por una inspectora del propio cuerpo, incluye acusaciones de agresión sexual, coacciones y lesiones psíquicas, unos hechos que el exmando ha negado, asegurando que su dimisión tuvo como objetivo no dañar el buen nombre de la institución.
