La Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación formal contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntos vínculos con el narcotráfico y financiación irregular de su campaña electoral. Según revelaciones publicadas este viernes por The New York Times y confirmadas por agencias internacionales, las fiscalías federales de los distritos sur y este de Nueva York, con sedes en Manhattan y Brooklyn, lideran las pesquisas.
El foco de los investigadores se centra en determinar si el mandatario mantuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó donaciones económicas a estructuras criminales durante la carrera presidencial de 2022. En el proceso participan agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), quienes analizan testimonios y documentos sobre el posible ingreso de dinero ilícito al entorno del presidente.
La noticia surge en un momento de máxima tensión diplomática entre Bogotá y Washington. Tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, la relación bilateral se ha visto afectada por fuertes discrepancias en la política antidrogas y la negativa de Colombia a recibir vuelos de deportación. Recientemente, el Departamento del Tesoro de EE.UU. también ha emitido sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14059, que señala a personas involucradas en el tráfico internacional de drogas, incluyendo al mandatario colombiano en sus listas de seguimiento.
Por su parte, la Embajada de Colombia en Washington ha descalificado las informaciones, calificándolas de insinuaciones sin base legal o fáctica. El Gobierno de Petro sostiene que estas acciones tienen una motivación política y ocurren justo cuando Colombia se encamina hacia un nuevo ciclo electoral. Aunque las investigaciones se encuentran en una fase inicial y no se han presentado cargos penales formalmente, la designación de Petro como objetivo prioritario por parte de la DEA marca un hito sin precedentes en la relación entre ambos países.
Las autoridades estadounidenses han aclarado que, por ahora, no existe evidencia de que la Casa Blanca haya intervenido directamente en la apertura de estos expedientes judiciales, los cuales se mantienen bajo estricta reserva por parte de los fiscales neoyorquinos.
