La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha remitido este viernes una solicitud formal al Gobierno de España para que se aplique una reducción temporal en la carga impositiva que soportan los carburantes. El objetivo de la patronal es frenar el impacto que la escalada de precios internacionales, impulsada por la reciente inestabilidad en el conflicto de Oriente Medio, está teniendo sobre los consumidores y la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas del sector.
En sus misivas dirigidas a los ministerios de Hacienda, Economía y Transición Ecológica, la confederación plantea dos vías de actuación inmediata. La primera propuesta consiste en rebajar el IVA aplicado a los combustibles de automoción del actual 21 % al 10 %. Según los cálculos de la organización, esta medida permitiría un descenso directo de aproximadamente 15 céntimos de euro por litro en el precio de venta al público en los surtidores españoles.
Como alternativa o complemento, las gasolineras sugieren una reducción del 50 % en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para el gasóleo y del 40 % para la gasolina. La patronal argumenta que esta rebaja compensaría el exceso de recaudación que el Estado está obteniendo vía IVA debido a los altos precios actuales. De aplicarse este ajuste en los impuestos especiales, el ahorro para el usuario final alcanzaría los 22 céntimos por litro tanto en diésel como en gasolina.
La CEEES destaca que, desde el pasado sábado, los precios medios en la península y Baleares se han encarecido de forma notable, con subidas del 7 % en la gasolina y del 13 % en el gasóleo. Los empresarios del sector advierten que no están trasladando íntegramente el aumento de sus costes de aprovisionamiento para no castigar más la demanda, pero subrayan que la situación es insostenible sin una intervención fiscal.
Asimismo, la patronal recuerda que otros socios europeos, como Portugal, ya han anunciado medidas similares para proteger sus economías. Los empresarios subrayan que estas rebajas deberían mantenerse vigentes de forma excepcional hasta que las cotizaciones internacionales retornen a niveles previos al conflicto, buscando así una estabilidad que evite el cierre de estaciones de servicio y alivie la presión inflacionaria sobre la sociedad española.
