La prolongación de las medidas fiscales destinadas a amortiguar el impacto de la inflación en los hogares españoles sigue bajo la lupa de los expertos. El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha manifestado su escepticismo ante las sucesivas prórrogas de las reducciones del IVA en la electricidad y determinados alimentos, calificando estas intervenciones como herramientas meramente paliativas y con un bajo índice de eficiencia estructural.
Según el análisis del colectivo, aunque estas medidas ofrecen un alivio inmediato y visible en el tique de compra, su capacidad para resolver el problema de fondo del incremento de precios es limitada. Gestha sostiene que el beneficio de estas rebajas no siempre llega de forma íntegra al consumidor final, ya que en ocasiones es absorbido por los márgenes de beneficio de las grandes cadenas de distribución o por los costes intermedios de la cadena de suministro.
Uno de los puntos más críticos señalados por los técnicos es el carácter regresivo de las rebajas lineales del IVA. Al aplicarse de forma generalizada a todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de renta, el Estado deja de recaudar recursos significativos que podrían ser utilizados de manera más progresiva. Desde el sindicato se argumenta que el ahorro real para las familias con rentas más bajas es proporcionalmente menor que el beneficio que obtienen las rentas altas, quienes mantienen niveles de consumo más elevados.
En lugar de mantener estas bonificaciones fiscales de forma indefinida, los técnicos proponen un cambio de estrategia hacia ayudas directas y focalizadas. La alternativa sugerida consiste en destinar el equivalente a la pérdida recaudatoria a cheques o transferencias directas para los colectivos más vulnerables. Este modelo, aseguran, garantizaría que el apoyo público llegue realmente a quienes más lo necesitan sin distorsionar los precios del mercado ni beneficiar a quienes tienen capacidad económica suficiente para afrontar los precios actuales.
Por otro lado, el informe advierte sobre el riesgo de cronificar estas medidas en un contexto donde las reglas fiscales europeas exigen una vuelta a la disciplina presupuestaria. La reducción de ingresos públicos derivada de estas rebajas del IVA supone un desafío para el control del déficit, especialmente si no van acompañadas de una reforma fiscal integral que compense estas pérdidas mediante una mayor imposición a los sectores con beneficios extraordinarios.
