Washington y Madrid han entrado este martes en una de las mayores crisis diplomáticas de las últimas décadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido la posibilidad de imponer un embargo comercial o severos aranceles a España tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir el uso de las bases de utilización conjunta de Rota y Morón para operaciones militares en el conflicto con Irán.
Durante una reunión en la Casa Blanca con el canciller alemán, Friedrich Merz, el mandatario estadounidense calificó a España de socio terrible de la Alianza Atlántica. Trump argumentó que es inaceptable que un aliado se desmarque de una operación estratégica de tal magnitud, vinculando además esta falta de cooperación con el incumplimiento español de elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB, una exigencia que ha marcado su política exterior desde su regreso a la presidencia.
La escalada verbal se produce después de que el Ejecutivo español confirmara que no permitirá que las instalaciones militares en suelo español sirvan como plataforma logística para la ofensiva aérea contra infraestructuras iraníes. Esta postura de moderación y desescalada, defendida por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, busca evitar una expansión regional del conflicto y se apoya en la falta de un paraguas legal internacional para las acciones ofensivas unilaterales.
Como respuesta inmediata a la prohibición española, el Pentágono ya ha procedido a retirar una docena de aviones cisterna KC-135 que operaban desde la base de Morón de la Frontera. Trump ha sido directo al afirmar que nadie le dirá dónde puede o no usar sus instalaciones, sugiriendo que las consecuencias para la economía española podrían ser inminentes a través de una punción comercial.
En España, el anuncio ha provocado una tormenta política. Mientras el Gobierno mantiene que la prioridad es el derecho internacional y la seguridad de los 30.000 españoles en Oriente Medio, la oposición ha criticado duramente la gestión de la crisis. Desde el Partido Popular se ha exigido la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, advirtiendo de que el aislamiento de España frente a sus aliados tradicionales pone en riesgo la fiabilidad del país como socio internacional.
Por su parte, el sector empresarial observa con cautela la amenaza. Aunque la exposición comercial directa de España con Irán es mínima —apenas el 0,03% de las exportaciones—, un hipotético embargo o la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos tendría un impacto sistémico en sectores clave como el agroalimentario, el acero y el turismo.
Desde Bruselas, la Unión Europea intenta mediar para evitar que la disputa bilateral descarrile las negociaciones de los acuerdos comerciales transatlánticos. Sin embargo, la retórica de la Casa Blanca parece decidida a convertir el caso español en un aviso para el resto de los miembros de la OTAN que cuestionen el liderazgo estadounidense en la región.
A última hora de la tarde, fuentes diplomáticas en Washington aseguran que el secretario de Comercio ya ha recibido instrucciones para estudiar la viabilidad de estas sanciones, lo que sitúa a las relaciones entre Madrid y Washington en un punto de ruptura sin precedentes en la era contemporánea.
