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Tres emergencias, tres velocidades

Foto Xavier Bolós

Cinco años después de que el Tajogaite empezara a escupir lava sobre el valle de Aridane, treinta y nueve familias palmeras siguen durmiendo en contenedores metálicos. Los módulos se instalaron como alojamiento de emergencia en Los Llanos de Aridane en el invierno de 2021. Aún hay sesenta familias en soluciones provisionales, entre esos contenedores y las casas de madera levantadas en El Paso.La erupción cubrió 1.219 hectáreas, destruyó 2.988 edificaciones —1.345 de ellas viviendas— y dejó sin hogar a unas 2.000 personas.

El dinero es parte de la explicación, aunque no toda. El Gobierno central se comprometió a aportar 100 millones anuales para la reconstrucción y solo abonó la anualidad de 2023. Canarias reclama 300 millones correspondientes a 2024, 2025 y 2026, mientras consigna 50 millones propios cada ejercicio, y ha tenido que recurrir a su superávit para cubrir el hueco.

Mientras tanto, el suelo se encareció. El metro cuadrado en Los Llanos pasó de 1.358 euros en agosto de 2021 a 2.543 en julio de 2026, y los alquileres casi se han duplicado. Fátima Ramos, de la Plataforma de Afectados, resume el resultado en una frase que se ha hecho habitual en la isla: quien cobró 90.000 euros por perder su casa no puede comprar otra. Francisco Pulido, de Tierra Bonita, sostiene que la mayoría de las viviendas levantadas hasta ahora salieron de la iniciativa privada de los propios damnificados, no de promociones públicas. El Ayuntamiento de Los Llanos construye 53 viviendas públicas que espera terminar en diciembre.

En la Comunidad Valenciana, veintitrés meses después de la riada del 29 de octubre de 2024, el reproche corre en sentido contrario según quién lo formule. El Gobierno movilizó 16.600 millones entre todos los conceptos; el PP valenciano calcula que solo se ha ejecutado el 21% y denuncia pagos pendientes de ayudas de primera necesidad a 30.000 personas. La Generalitat afirma haber movilizado más de 3.100 millones, casi 1.800 en ayudas directas, y reclama al Estado que acelere las obras hidráulicas. El presupuesto autonómico de 2026 recorta a la mitad los fondos de reconstrucción respecto al año anterior y deja 1.177 millones en obras pendientes. Hay un detalle revelador: el president Pérez Llorca ha lamentado que la comisión mixta para la reconstrucción tardara más de un año en constituirse, «como sucedió en el volcán de La Palma». La referencia, en Valencia, es la del ejemplo a evitar.

Ceuta ofrece el contraste. El 30 y 31 de julio entraron unas 72.000 personas por el espigón del Tarajal. El 1 de septiembre, poco más de un mes después, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley de 309 millones, más 50 en avales, para lo que resta de 2026: 21 millones en servicios esenciales, 90 en seguridad, 118 en acogida humanitaria y 80 en apoyo a empresas y trabajadores. De la partida de seguridad, 74 millones van a Defensa y las Fuerzas Armadas y algo más de 15 a gratificaciones para Policía Nacional y Guardia Civil, a razón de 100 euros diarios por agente en servicios operativos. El plan equivale a cerca del 16% del PIB de la ciudad en cuatro meses. Por otra vía, Inclusión elevó de 6,43 a 44,51 millones los fondos de atención humanitaria.

Los importes no son homologables: buena parte del gasto ceutí es operativo e irrepetible, y una emergencia de acogida no se financia como una reconstrucción. Pero los plazos sí lo son. En Ceuta se habilitaron naves del polígono del Tarajal, se montaron carpas y se desplegaron más de 1.600 efectivos en cuestión de días, con contratación de emergencia. En La Palma, el operativo de urgencia también fue rápido —hoteles, módulos, 107 viviendas compradas con transferencia estatal en la primera semana—; lo que lleva un lustro atascado es la vivienda definitiva. Ahí pesan la titularidad de parcelas sepultadas, el planeamiento que hubo que rehacer y las licencias. Ninguno de esos obstáculos explica, sin embargo, los 300 millones sin transferir.

Las plataformas de afectados llevan años pidiendo lo mismo, y es una idea sencilla: que ante algo excepcional la burocracia sea también excepcional. En Ceuta se ha demostrado que el mecanismo existe.

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