En 1715, mientras Amaro Rodríguez Felipe intentaba custodiar en Venezuela la mercancía del Asiento de Montesacro, la ciudad de Caracas quedó atravesada por un rumor fiscal que, por su forma y por sus efectos, merece ser llamado bulo sin ambages. No se trató de un malentendido pasajero, sino de una construcción deliberada, difundida con precisión y sostenida en el tiempo, capaz de alterar el orden público, condicionar la actuación de los ministros del Rey y poner en riesgo bienes y personas.
La mayor parte de aquella carga no había sido reunida en Tenerife, sino en Cádiz, por José Rodríguez Felipe, hermano de Amaro, quien posteriormente lo recogió en Santa Cruz de Tenerife, donde el navío se completó con vino y otros géneros. El barco, Nuestra Señora de la Concepción, conocido como El Blandón, arribó al puerto de La Guaira el 8 de enero de 1715. Con él llegaron no solo los jueces enviados por la Corona, Antonio Joseph Álvarez de Abreu y Pedro Tomás Díaz Pintado, sino también Alberto de Bertodano, apodado “el manco”, personaje de trayectoria abiertamente antiborbónica que acabaría sustituyendo al depuesto Francisco Cañas y Merino, el mismo gobernador que años antes había otorgado a Amaro Pargo su patente de corso.
La versión que comenzó a circular por Caracas fue concreta, fácil de memorizar y diseñada para provocar rechazo inmediato. Se decía que los jueces traían orden de Su Majestad para imponer una contribución del quince por ciento sobre todas las haciendas de la provincia y que, además, harían pagar tributo a los mulatos, quebrando una exención que hasta entonces se había mantenido y que tenía un enorme peso simbólico y social. Juan Julián de Ybarra, alcalde ordinario de la ciudad, recogió esa “voz común” y dejó constancia de un detalle esencial: que jamás dio crédito a semejante especie, porque no podía concebir que ministros del Rey llegaran con una orden de ese tipo. Ese juicio resulta revelador, pues indica que el rumor no nació de una confusión administrativa, sino de una maniobra política conscientemente fabricada.
La documentación judicial conservada es explícita en cuanto a la naturaleza del rumor. En las declaraciones se habla de “voces” y de “noticias comunes y públicas”, sin poder precisar quién las lanzó inicialmente, pero dejando claro que fueron esparcidas de forma artificiosa y con un objetivo concreto: generar odio. Uno de los testimonios más claros es el de Gaspar Badillo, recogido durante la investigación abierta para esclarecer el origen del bulo, cuyo tenor literal resulta especialmente elocuente:
“A la séptima, que assí mismo le fue leýda a la lettra, dijo que oyó desir públicamente que dichos señores jueses traýan orden de Su Magestad para sacar en esta prouincia, de todos los caudales y haziendas, vn quinse por sientto, y que los mulattos pagasen tributto; y que no saue de qué personas o parte salió dicha voz. Y que por esta rasón tiene entendido que se aborresió y tomó odio a dichos señores juesses. Y responde.
A la pregunta ocho, que assimismo le fue leýda a la lettra, dijo que oyó desir en este puertto que dichos señores juesses viuían retirados en dicha ciudad de Caracas, en la casa de la Compañía, sin salir de ella por los axamientos que les hazían, y bando que assimismo oyó desir se hauía publicado en la esquina de la cassa referida, donde viuían dichos señores juesses, para que se tubiesen por falsos los despachos que no estubiesen passados por…”
Estas palabras, conservadas sin intermediarios ni reinterpretaciones, permiten ver con claridad el recorrido completo del bulo: su contenido fiscal, su efecto social inmediato —el odio— y su traducción en actos concretos de intimidación. El rumor no se quedó en la conversación de calle. Dio el salto a la amenaza visible. Los jueces se vieron obligados a vivir retirados, sin apenas salir de la casa donde residían, y llegaron incluso a oír misa desde una ventana, temerosos de exponerse en público ante una población agitada.
La desinformación adquirió así una forma material. En la esquina de la casa donde vivían los jueces se colocó un bando, un gesto excepcional que no pretendía informar, sino señalar. Era una advertencia pública, una marca simbólica destinada a deslegitimar su autoridad y a presentarlos como enemigos del común. El mecanismo resulta inquietantemente familiar: identificar, aislar y exponer.
Otros testimonios refuerzan la idea de una autoría interesada. Alonso Joseph Terrones declaró que aquello era “de pública voz y fama” y que se atribuía al desafecto contra los jueces, llegando a insinuar que el propio gobernador estaba detrás de la difusión del rumor. La coincidencia en un mismo navío de Abreu, Pintado, Amaro Pargo y Alberto Bertodano facilitó que el bulo prendiera con mayor fuerza y permitió que se utilizara como arma política contra quienes controlaban el comercio y la Hacienda. No puede descartarse, a la luz de los documentos, que Bertodano encontrara en esa mentira un instrumento eficaz para debilitar a los ministros reales.
Las consecuencias fueron tangibles. Durante la estancia del navío en Puerto Cabello, Amaro se vio obligado a reforzar su tripulación con más de sesenta hombres. No fue una precaución exagerada ni una muestra de celo innecesario: existía un temor real a sabotajes, ataques nocturnos o incluso al incendio del barco. El conflicto había dejado de ser administrativo para convertirse en una amenaza física, donde las palabras podían transformarse en fuego.
Visto desde hoy, lo verdaderamente sorprendente no es que en 1715 existiera desinformación, sino que el mecanismo ya estuviera tan afinado. Un mensaje sencillo, repetido con insistencia, que apelaba al miedo económico, señalaba a un grupo social sensible y culminaba en un acto público de intimidación. Cambian los medios, pero no los resortes humanos. Este episodio, rescatado tres siglos después gracias a los documentos conservados en el Archivo de Indias, en el expediente de Cumaná, 693A, demuestra que el bulo no es una invención moderna, sino una vieja herramienta de poder, tan eficaz entonces como ahora.
