Cuando Amaro apresó al Saint Joseph en 1712, el capitán general de Canarias, Francisco Chacón Medina y Salazar, resolvió con una presteza inaudita. Apenas hubo trámite ni réplica: la presa se dio por buena y se reconoció su acción como servicio al rey. Aquella validación inicial le granjeó prestigio en las islas, mas no duró mucho el favor, pues pronto llegaron voces de Inglaterra. Conviene recordar que por entonces la Capitanía General de Canarias tenía su sede en San Cristóbal de La Laguna, desde donde se gobernaba militarmente el archipiélago.
Los británicos denunciaron el apresamiento como acto de piratería, alegando que el navío llevaba pasaporte real de Felipe V que lo autorizaba a navegar en aguas de España. Tal novedad trastornó el caso, porque coincidía con el tiempo en que se negociaba la paz tras la guerra de Sucesión. Se abrió entonces un segundo proceso contra Amaro. ¿Cómo pudo haber apresado un mercante con pasaporte real? He aquí la cuestión. No lo hizo de mala fe. Días antes, otro corsario francés, aliados de España en aquel momento, había interceptado al Saint Joseph frente a Cádiz y, con la excusa de haberlo rescatado de un temporal, se apropió de toda su documentación. Cuando Amaro lo abordó más tarde, a ochenta leguas de Lisboa, empleando la conocida estratagema de la bandera falsa, el capitán irlandés Alexander Webster, que mandaba la nave, no llevaba consigo los papeles originales, de modo que Amaro jamás pudo comprobar su autenticidad,. Aquel infortunio terminó torciendo su destino.
En ese trance, el tribunal demandó que mostrase su patente de corso, la cual nunca había exhibido, ni siquiera el día del asalto. Muchos sospechaban que carecía de ella y que obraba como pirata vulgar. Fue en La Laguna donde finalmente la presentó. La réplica de la patente confirmó su condición de corsario, pero no bastó para librarlo. El apresamiento del Saint Joseph quedó declarado ilícito por hallarse protegido con el dicho pasaporte.
El peso de la diplomacia británica se dejó sentir con fuerza gracias a Ricardo Hora, mercader británico avecindado en Cádiz, hombre astuto y con influencias, que movió los hilos en la corte. Así se enredó la suerte de Amaro, quien pasó de ser tenido por servidor fiel de la Corona a verse señalado como corsario de dudosa legalidad.
Ahora compartimos las notificaciones originales donde se refleja el cruce de escritos, mandatos y citaciones en torno al apresamiento del Saint Joseph, cuando forzaron a Amaro a mostrar su patente. Una documentación que hasta ahora permanecía en los archivos y que Página 13 ofrece como primicia, en uno de los episodios más controvertidos de la historia del corsario.
“ …el efectto que de contrario se yntenta con la […] de dicho papel sin que pueda suplir su ymbalidazión y dé menos çertesa la ynformazión que a este fin se ofrese por el dicho defensor, maiormente quando no consta ni a pressentado la patente del capitán commandante para hauer hecho dicha pressa y ranzonado, como tengo repressentado en el otrosí de mi escriptto de veinte de agosto, a folio sesentta y uno, en que nuebamentte ynsisto, como puntto tan esensial y preuenido por las nuevas ordenanzas. Por todo lo qual y negando lo perjudizial, a Vuestra Señoría pido y SUPLICO que hauiendo por demosttrada dicha patente, para que quedando testimonio de ella en estos auttos con zitazión, se me buelba el orixinal. Y en uista de todo proueer como tengo pedido, sin dar lugar a más dilaziones, por lo que ynsta la determinazión y fenesimiento deste negozio. Pido justticicia y costas, etc. Señor Oliua.
Joseph Ramírez de Albornós.
Por demostrado el recaudo y traslado a las otras parttes, con cuia cittazión se ponga en estos auttos testimonio dél, y hecho, se buelba a ésta el orijinal. Mandolo Su Señoría, el señor gouernador y capitán general destas Islas y prezidente de su Real Audiencia, compareser en Santta Cruz, a veinte y siete de octubre de mill settezientos y dose años. Chacón.
Lizenciado Armendaris. Pedro de Uribarri, escribano público.
Nota y zittazión
Laguna y octtubre, veinte y siette, de mill settezientos y dose años. Nottifiqué el traslado de arriua y sitté para lo demás que se manda a Andrés Esteues de Gusmán, promotor fiscal en esta causa, y a Augustín Gabriel de Oramas y Augustín Gabriel Sepherino, defensores por lo que a cada uno toca; doy fee. Pedro de Uribarri, escribano público.”
