El Ministerio de Consumo de España ha iniciado una investigación sobre posibles irregularidades en la venta de entradas para los 12 conciertos que el artista puertorriqueño Bad Bunny ofrecerá en Madrid y Barcelona en 2026. Aunque el comunicado oficial no menciona explícitamente al artista ni a la empresa, las denuncias de consumidores apuntan a cobros ilícitos en la venta online organizada por Ticketmaster. El ministro Pablo Bustinduy ha subrayado la importancia de que el precio final de las entradas se muestre claramente desde el inicio de la compra, sin costos adicionales sorpresa.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a Ticketmaster por prácticas abusivas en la venta de entradas para los conciertos de Bad Bunny en España. Inicialmente programados como tres fechas, los conciertos se ampliaron a doce, con entradas que iban desde 79,50 euros hasta más de 269,30 euros, incluyendo cargos adicionales no reembolsables como donaciones forzadas, gastos de gestión y suplementos VIP. La OCU critica que estos costes no se revelan hasta el final del proceso de compra y que los precios varían según la demanda sin criterios claros, lo que afecta negativamente a los consumidores.
Además, la reventa ha inflado aún más los precios, superando los 1.500 euros en plataformas no oficiales, con numerosos reportes de estafas y falta de garantías. Todo esto evidencia problemas estructurales en el mercado de entradas que transforman el acceso a conciertos en un lujo cada vez más inaccesible.
Esta investigación se enmarca dentro de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establece la obligación de incluir todos los recargos y gastos de gestión en el precio final. En 2024, Consumo ya había advertido a estas empresas sobre los requisitos legales en la aplicación de recargos y gastos de gestión. Esta investigación busca proteger los derechos de los consumidores y garantizar la transparencia en el proceso de compra.
El Ministerio de Consumo ha recordado que los gastos de gestión no pueden ser un recargo arbitrario y oculto hasta el momento del pago. Estos deben estar incluidos en el precio final que se muestre al consumidor en todo momento que se publicite el precio en este canal de venta, junto con los potenciales impuestos aparejados a cada servicio. Si los costes no están correctamente reflejados en la información facilitada, el consumidor no tendrá la obligación de abonarlos.
La Dirección General de Consumo coordina una campaña para verificar que los operadores de comercio electrónico y webs de festivales de música cumplen la normativa en la venta de entradas. En caso de detectar alguna irregularidad, práctica abusiva o violación de los derechos de las personas consumidoras, se decidirá si se abren expedientes, que pueden terminar en sanciones.
Esta situación ha generado un debate sobre la necesidad de una regulación más estricta en la venta de entradas para espectáculos, con el objetivo de proteger a los consumidores y garantizar un acceso justo y transparente a eventos culturales y musicales.
