El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó esta semana una reforma constitucional que permite imponer cadena perpetua a menores de edad a partir de los 12 años por delitos considerados de extrema gravedad, marcando un punto de inflexión en la política penal del país centroamericano y generando una inmediata ola de críticas por parte de organismos internacionales.
Las reformas penales, aprobadas el mes pasado por la Asamblea Legislativa controlada por el partido de Bukele, establecen que ese castigo se impondrá a autores o cómplices, a partir de los 12 años de edad, que hayan cometido delitos como homicidio, feminicidio, violación o pertenencia a pandillas. Bukele firmó el decreto el miércoles, y la normativa entrará en vigor el próximo 26 de abril.
La legislación modifica sustancialmente el marco jurídico existente. Como parte de este proceso, los diputados también modificaron el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y la Ley Penal Juvenil. Además, se introdujeron cambios en la Ley Orgánica Judicial que transforman los juzgados de menores en tribunales de lo criminal, los cuales tendrán la facultad de conocer casos en los que se contemple la aplicación de esta pena.
El alcance del cambio resulta especialmente llamativo si se compara con la normativa anterior. La Ley Penal Juvenil que se reformó establecía que cuando los delitos fueran cometidos por pandilleros, la pena máxima era de hasta 20 años de prisión para los menores con 16 años cumplidos, y de hasta 10 años cuando el menor hubiera cumplido 12 años.
La reforma no establece una condena absolutamente inamovible. Esta revisión se deberá hacer obligatoriamente a todos los reos condenados a perpetuidad cada cinco años, a partir de 25 años de prisión para los menores, 30 años para los adultos, 35 para los adultos condenados por varios delitos y a partir de los 40 años de prisión en delitos con agravantes.
Desde el Gobierno, la medida fue presentada como una respuesta necesaria a una laguna legal que beneficiaba a las organizaciones criminales. Bukele ha argumentado que el sistema anterior favorecía a delincuentes que utilizaban su condición de menores como escudo judicial, y que el objetivo es cerrar vacíos legales que durante años permitieron a organizaciones criminales reclutar menores para cometer delitos con menor riesgo penal.
El mandatario fue aún más directo en sus redes sociales: a través de sus plataformas, lanzó un desafío a sus críticos al señalar que se vería quién se atrevería a argumentar que la Constitución debería seguir prohibiendo que los asesinos y violadores permanecieran en prisión.
La reacción internacional no tardó en llegar. El Comité de los Derechos del Niño y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia expresaron su “profunda preocupación” ante la aprobación de estas reformas, advirtiendo que los adolescentes en conflicto con la ley deben recibir un trato que priorice su rehabilitación y reintegración, y que la prisión debe ser el último recurso y durante el menor tiempo posible. El Comité de los Derechos del Niño y UNICEF advirtieron asimismo que la privación de libertad en menores resulta perjudicial, costosa e ineficaz para prevenir el delito.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se sumó a las críticas. La portavoz Marta Hurtado instó a las autoridades de El Salvador a revisar con prontitud los cambios, al considerar que contradicen las normas internacionales de derechos humanos.
La medida se inserta en un contexto más amplio de endurecimiento de la política de seguridad salvadoreña. El Salvador se encuentra bajo un declarado estado de emergencia desde 2022, lo que ha implicado la suspensión de derechos constitucionales y ha permitido encarcelamientos masivos. Son más de 90.000 personas las que han sido detenidas en los últimos años, aunque Bukele asegura que alrededor de un 10% ha sido liberada. Según organizaciones como Human Rights Watch, el país tiene hoy la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con aproximadamente el 1,9% de su población detenida.
En paralelo a los cuestionamientos por presuntas violaciones de los derechos humanos y detenciones arbitrarias —que el Gobierno de Bukele niega—, El Salvador ha reducido drásticamente las tasas de homicidio, tras años de olas de violencia a manos de las pandillas. El Gobierno de El Salvador dice que esa reducción de la violencia es una de las razones por las que Bukele tiene una alta aprobación entre la ciudadanía.
Esto ocurre tras varias rondas de reformas constitucionales impulsadas por Bukele, las cuales han sido duramente criticadas por quienes consideran que debilitan el sistema de pesos y contrapesos y socavan la frágil democracia del país centroamericano. En julio de 2025, el gobierno impulsó otra reforma que eliminaría los límites al mandato presidencial, allanando el camino para que Bukele permanezca en el poder indefinidamente.
La discusión en torno a esta legislación plantea, en el fondo, una tensión que trasciende las fronteras salvadoreñas: hasta dónde puede llegar un Estado en el endurecimiento de su sistema penal cuando lo hace en nombre de la seguridad, y qué papel les corresponde asumir a los organismos internacionales en la fiscalización de esas decisiones.
