Casi un año después del histórico corte de suministro eléctrico que dejó sin luz a toda la Península, el regulador concluye que el incidente fue de origen multifactorial, pero identifica incumplimientos que deberán ser investigados formalmente.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador a Red Eléctrica de España (REE) por una presunta infracción “muy grave” en el marco de la investigación abierta por el apagón del 28 de abril de 2025. El anuncio, hecho este viernes, llega cuando se acerca el primer aniversario de uno de los episodios más graves de la historia del sistema eléctrico español.
Se trata de una veintena de expedientes sancionadores que la CNMC prevé resolver en un plazo de entre nueve y dieciocho meses. Un expediente afecta a Red Eléctrica, por una presunta infracción “muy grave” de la Ley del Sector Eléctrico por parte del operador del mercado, castigada con multa de hasta 60 millones de euros.
La singularidad del caso reside en la diferencia de calificación entre los distintos afectados. Para todos ellos, a excepción de Red Eléctrica de España, se les acusa de no cumplir con el artículo 65.8 de la Ley del Sector Eléctrico, tipificado como infracción grave, que alude al incumplimiento de la obligación de mantener las instalaciones en adecuadas condiciones de conservación e idoneidad técnica. En cambio, el regulador incoa a Red Eléctrica un expediente basándose en el artículo 64.25 de la misma ley, por incumplimiento del operador del sistema de diferentes funciones con perjuicio para el sistema o los sujetos, calificada como infracción muy grave.
En concreto, la CNMC sitúa el foco en un posible incumplimiento de las funciones k), l), r) y u) del artículo 30.2, en relación con la programación del mix energético de aquella jornada. Según el análisis del organismo, REE no programó el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica de acuerdo con el resultado de la casación de las ofertas comunicadas por el operador del mercado, ni gestionó adecuadamente los mercados de servicios de ajuste.
Junto al expediente abierto a Red Eléctrica, el organismo ha abierto otros diecinueve procedimientos a instalaciones de generación eléctrica, ciclos combinados, renovables y nucleares, propiedad de Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Bahía de Bizkaia Electricidad.
A pesar de la contundencia de las medidas adoptadas, la CNMC insiste en la complejidad del incidente. La investigación ha concluido que el apagón tuvo un origen multifactorial, es decir, que no se puede atribuir a una única causa o responsable, sino que fue el resultado de una combinación de factores que se sucedieron en el tiempo. El regulador precisa que los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas y que la incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación.
Esta postura está alineada con las conclusiones del panel europeo. La organización europea ENTSO-e publicó a finales de marzo un informe que describió el suceso como “el más severo del sistema eléctrico en más de 20 años” y concluyó que el cero absoluto se debió a la interacción de múltiples factores en los que Red Eléctrica, las compañías privadas, las renovables y los propios reguladores gubernamentales tuvieron su parte de responsabilidad.
Red Eléctrica, por su parte, no tardó en responder. La compañía filial de Redeia afirmó que está analizando el acuerdo de incoación y que presentará alegaciones y ejercerá cuantas acciones procedan en su defensa. Desde la empresa recordaron que este expediente se halla en una fase muy inicial y subrayaron que la apertura del procedimiento no significa que se haya probado la comisión de infracción alguna. Además, aseguró que los informes técnicos disponibles acreditan que no hubo actuación ni incumplimiento de normativa por parte del operador del sistema que pudiera ser causa determinante del incidente.
El anuncio de estos expedientes llegó un día después de que la comisión de investigación que el PP forzó en el Senado aprobase un informe de conclusiones que culpa del apagón a REE, el Gobierno y la propia CNMC por su tardanza en actualizar una obsoleta normativa de control de tensión, y exime a las grandes eléctricas.
El próximo martes, la presidenta del organismo, Cani Fernández, comparecerá en el Congreso de los Diputados para presentar el informe anual de la CNMC, en lo que será una comparecencia especialmente observada tras la publicación de estos expedientes. Los procedimientos se extenderán durante los próximos meses, con la posibilidad de que las empresas afectadas presenten alegaciones y pruebas, mientras el debate sobre la responsabilidad del mayor apagón peninsular en décadas sigue lejos de cerrarse.
