Imaginemos a Amaro Rodríguez Felipe en el momento decisivo de su carrera. En esta ocasión no navega como corsario al margen del sistema, sino como capitán al servicio directo de la Corona, al mando de un navío de registro, el Blandón, y con una misión sin precedentes: formar parte de una pequeña escuadra destinada a impulsar un nuevo modelo comercial para España, capaz de competir con las grandes compañías europeas que ya dominaban el Atlántico, como las de Holanda o Inglaterra.
No se trataba, en absoluto, de una flotilla de corsarios al estilo de aventureros en busca de fortuna. La estructura respondía a un Asiento formal, aprobado por la Corona, con una organización precisa: capitanes de mar, capitanes de mar y guerra —como el oficial vasco al mando del San Felipe, preparado para el combate—, oficiales a bordo y una misión claramente definida bajo autorización real.
Mientras tanto, la WIC, la VOC y las grandes compañías inglesas, con bases y factorías que se extendían hasta el océano Índico antes de proyectarse hacia Asia, llevaban años articulando redes comerciales de enorme alcance. Decenas de miles de personas operaban ya en esos circuitos, mientras España aún no había logrado consolidar una estructura semejante.
Amaro fue el elegido para aquella misión. Se pretendía abrir un nuevo horizonte comercial en territorios donde el contrabando llevaba años arraigado. Tras partir de Tenerife en diciembre de 1714, el viaje culminaría en La Guaira. Allí debía comenzar todo. Y, sin embargo, fue allí donde el proyecto empezó a desmoronarse.
Amaro sufrió desde el mismo momento en que puso pie en tierras venezolanas. El hombre que alcanzaba la cúspide de su carrera fue despojado de su autoridad, de su mando, y humillado públicamente ante aquellos mismos canarios que lo tenían por un referente.
El gobernador interino de la provincia, Alberto de Bertodano —que había viajado en el mismo navío junto a su familia—, no estuvo dispuesto a permitir que el proyecto avanzara. Lejos de facilitar la operación, ordenó la detención del capitán, la colocación de guardias a bordo y la intervención directa de la carga.
El resultado fue inmediato. La mercancía quedó retenida, el navío paralizado y el comercio que la Corona pretendía activar quedó bloqueado antes siquiera de comenzar.
Se trata de un episodio que, por razones que aún desconocemos, ha permanecido en segundo plano dentro de nuestra historia y que no había sido expuesto con la claridad que permiten hoy los documentos.
Aquí comienza la verdadera odisea de Amaro. Y, como reflejan los testimonios posteriores, no solo logró sobrevivir a este episodio, sino salir reforzado de él. Contó con aliados poderosos y, tras una década de actividad en el Caribe, regresó a Tenerife con una fortuna considerable.
A continuación, el testimonio de Sebastián Curbelo, escribano del navío, vecino de La Laguna y testigo directo de los hechos, redactado apenas siete semanas después de la llegada.
En el puerto de La Guaira, a 2 de marzo de este año, en cumplimiento de la comisión recibida de los señores Pintado y Álvarez de Abreu, acudí a la casa de don Lorenzo Hermoso, castellano y justicia mayor, para notificarle el auto.
Respondió que no quería oírlo y, al preguntarle de qué trataba, le dije que concernía a la prisión del capitán don Amaro Rodríguez Felipe. Contestó que dicha prisión se había efectuado por orden del gobernador y capitán general, don Alberto de Bertodano, y del tesorero don Andrés Alonso Gil.
Añadió que, si el capitán deseaba presentar algo, lo escucharía en virtud de la autoridad que tenía, y que reconocía a los mencionados señores únicamente como jueces del navío.
Y para que conste, lo firmo en presencia de testigos.
Firmado: Sebastián Curbelo, escribano.
(Archivo General de Indias, sección Cumaná, legajo 693 A, pp. 59.)
Sin embargo, el testimonio de Sebastián Curbelo no constituye un hecho aislado. Otros documentos redactados en los días previos permiten entender con mayor precisión el alcance del conflicto que se estaba desarrollando en La Guaira, apenas un mes después de la llegada del Blandón, capitaneado por Amaro Pargo.
En un despacho fechado en Caracas el 9 de febrero de 1715, los licenciados Pedro Thomás Pintado y Antonio Joseph Álvarez de Abreu, jueces del registro que viajaban a bordo —entre ellos el propio Bertodano— y responsables de la supervisión del comercio en virtud del Asiento, denunciaban ya la intervención directa por parte de autoridades dependientes del gobernador. Según el documento, se habían colocado guardias a bordo, se había procedido al reconocimiento de la carga y se había obligado al capitán a entregar las llaves de los almacenes de la Compañía. No se trataba ya de una simple inspección, sino de una toma de control efectiva.
Los licenciados don Pedro Thomás Pintado y don Antonio Joseph Álvarez de Abreu, del Consejo de Su Majestad, oidor y alcalde, visitadores de la Veeduría y Conservaduría General de los derechos reales del comercio entre Castilla e Indias, jueces privativos del registro de España y su carga, en virtud del Real título reconocido y obedecido en el ayuntamiento de esta provincia de Venezuela:
Hacen saber:
Que el capitán don Amaro Rodríguez Felipe, capitán de mar en virtud de patente de Su Majestad, ha denunciado que ciertos jueces de comisión, actuando —según dicen— por mandato del gobernador de esta provincia, han descendido al puerto de La Guaira, colocando guardias a bordo del navío y procediendo a la visita, reconocimiento e inventario de los géneros y frutos de su carga, tanto en la bodega como en los almacenes de la Compañía, obligándole incluso a entregar las llaves de los mismos (…).
(…) MANDAN:
Que el capitán don Amaro Rodríguez Felipe requiera formalmente a los oficiales reales y comisarios de La Guaira el cese inmediato de dichas diligencias, con arreglo al asiento del marqués de Montesacro, dejando constancia de su desobediencia a la Real Cédula y demás órdenes ya notificadas (…).
Dado en Caracas, a 9 de febrero de 1715.
(Archivo General de Indias, sección Cumaná, legajo 693 A, pp. 24.)
