El Pleno del Congreso admitió este martes a trámite la proposición de ley de vivienda del PP, que incluye entre sus medidas estrella la posibilidad de que bancos y fondos de inversión recurran a procedimientos judiciales acelerados para recuperar inmuebles ocupados.
La votación dejó una imagen parlamentaria reveladora: el bloque formado por PP, Vox, Junts y UPN impuso su mayoría, mientras el PNV y Coalición Canaria optaron por la abstención y el resto del hemiciclo —incluidos los socios del Gobierno— votó en contra.
La norma no solo busca acelerar la puesta en marcha de desarrollos urbanísticos, sino que también contempla rebajar la protección a las familias vulnerables en procesos de desahucio, y podría servir para derogar los artículos de la ley de vivienda que permiten establecer zonas de mercado tensionado y fijar topes al precio de los alquileres. La propuesta ya había sido aprobada en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, e implica además una reforma de la Ley del Suelo para agilizar los trámites en la planificación urbanística.
La admisión a trámite no supone la aprobación definitiva de la ley: por delante tiene la apertura del plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, lo que augura un debate largo y encendido. Paralelamente, ese mismo día el Consejo de Ministros aprobó su Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030, colocando el problema de la vivienda en el centro del combate político entre Gobierno y oposición de cara a los próximos meses.
