El equipo de Teresa Peramato trabaja en una nueva instrucción cuyo objetivo es reforzar el control de la Fiscalía General del Estado sobre los casos más mediáticos y garantizar que la máxima responsable del Ministerio Público tenga la posibilidad de fijar criterio frente a ellos desde su inicio. La iniciativa ha saltado a la primera línea informativa este lunes, precisamente cuando el Tribunal Supremo celebra el juicio por la trama Koldo, en el que están acusados el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
La Secretaría Técnica de la Fiscalía prepara borradores para obligar a informar desde el inicio sobre todos los casos de «trascendencia mediática» y frenar su avance hasta recibir instrucciones. La noticia resulta especialmente explosiva porque afecta a causas judiciales que cercan al entorno de Sánchez y alimenta la sospecha de un intento de control político sobre asuntos de enorme sensibilidad pública.
La maniobra ha generado una tensión notable dentro del propio Ministerio Público. Fuentes jurídicas consultadas denuncian que «existe un peligro real de que la fiscal general dé al trasto con este acuerdo de colaboración para limpiar la corrupción». La declaración de Aldama como acusado en el juicio de la trama Koldo, fijada para el próximo 29 de abril, es considerada determinante, ya que podría contextualizar cómo la organización criminal estaba integrada en el propio Gobierno. La oposición ha calificado la situación de «maniobra de interferencia judicial» y ha exigido explicaciones al Ejecutivo, que por ahora no se ha pronunciado públicamente sobre la nueva instrucción en elaboración. La independencia del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, queda en el centro del debate.
