El 28 de abril, se cumple un año del apagón sin precedentes que dejó a España sin electricidad. Fue un cero eléctrico que paralizó durante horas infraestructuras críticas y servicios básicos, y un año después seguimos sin conocer las causas exactas que lo provocaron. Los semáforos dejaron de funcionar, el metro se detuvo y millones de ciudadanos recurrieron a transistores de radio para entender qué estaba ocurriendo.
Los informes técnicos publicados consideran que el incidente fue “multifactorial” y que tuvo como causa principal un problema de sobretensión, aunque el por qué las tensiones se descontrolaron hasta provocar el colapso continúa enfrentando al operador del sistema, Red Eléctrica, y a las compañías eléctricas. En el plano político, la comisión de investigación del Senado, controlada por el PP, ha señalado al Gobierno, a Red Eléctrica y a la CNMC como responsables del incidente, mientras que la del Congreso apenas ha echado a rodar.
En paralelo, Red Eléctrica opera desde el día siguiente del apagón con la conocida “operación reforzada”, que supone aumentar la programación de ciclos combinados. El coste de esta operación hasta el 31 de marzo asciende a 666 millones de euros. A nivel judicial, las eléctricas pelean, de momento sin éxito, por hacerse con las 8.000 conversaciones que Red Eléctrica aportó a la causa, y un juzgado mercantil ha aceptado investigar la demanda de Iberdrola contra Red Eléctrica por presuntos actos de competencia desleal. El aniversario llega también con la memoria de quienes más sufrieron el apagón: las personas electrodependientes, cuya supervivencia depende de equipos médicos eléctricos como respiradores o sillas motorizadas, vivieron horas de angustia e incertidumbre que han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar su protección normativa.
