La acusación popular en la causa que investiga a Begoña Gómez formalizó este lunes su escrito de calificación provisional con una petición de penas que sitúa en 24 años de prisión la eventual condena para la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El documento, dirigido jurídicamente por la asociación Hazte Oír, atribuye a Gómez cuatro delitos —tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida— y perfila el marco de un posible juicio con jurado popular.
La petición de cárcel se desglosa en seis años por el presunto tráfico de influencias vinculado a sus actividades en la Universidad Complutense de Madrid; cuatro por corrupción en los negocios; ocho por malversación, al haberse servido supuestamente de la asesora Cristina Álvarez para sus intereses privados; y seis por apropiación indebida, en lo referente al polémico software que desarrolló para esa institución académica y que, según la acusación, habría utilizado para fines lucrativos.
La solicitud de condena se extiende también a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, para quien se reclaman 22 años de cárcel, y al empresario Juan Carlos Barrabés, con una petición de seis años de prisión. Para Álvarez se piden ocho años como autora de malversación, y como cooperadora necesaria, seis años por apropiación indebida, cuatro por dos delitos de tráfico de influencias y cuatro por corrupción en los negocios. Para Barrabés, la acción popular solicita seis años en total: dos por tráfico de influencias y cuatro por corrupción en los negocios.
El escrito llega precedido de una singular confluencia de acusaciones populares —entre ellas Vox, Iustitia Europa o Manos Limpias— que, pese a sus discrepancias internas sobre la calificación jurídica de los hechos o incluso sobre los propios acusados, han quedado unificadas bajo la dirección letrada de Hazte Oír por decisión judicial. No es la única acusación que ha concretado sus pretensiones: la semana pasada, Manos Limpias reclamó diez años de cárcel para Begoña Gómez, aunque solo por dos delitos —tráfico de influencias y malversación—, y optó por no acusar a Cristina Álvarez.
Además de las penas de prisión, el escrito reclama que se retire el pasaporte a los procesados por “riesgo de fuga”, que se les prohíba abandonar España sin autorización judicial y que comparezcan cada 15 días en el juzgado. El documento de 81 páginas también solicita más de cien testificales, entre las que destaca la del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Además, se pide la testifical del empresario vinculado a la trama Koldo, Víctor de Aldama; el expresidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; y el exasesor de Sánchez Iván Redondo.
El núcleo del relato acusatorio pivota sobre la trayectoria profesional de Gómez tras la llegada de Sánchez a La Moncloa. Según la acusación, la llegada de Sánchez a la presidencia en junio de 2018 incrementó su capacidad de influencia e interlocución con administraciones y grandes empresas, siendo Gómez “consciente en todo momento de ello y, por tanto, de la capacidad de influir en otros por sus vínculos personales”. La acusación popular destaca que la esposa del presidente apoyó a las empresas de Barrabés con dos cartas de recomendación en un procedimiento de adjudicación pública de Red.es, contratos en los que el empresario aragonés logró 10,6 millones de euros.
El escrito llega en un momento de máxima tensión procesal. El pasado 11 de abril, el juez Juan Carlos Peinado cerró la instrucción y propuso juzgar con jurado popular a la esposa del presidente del Gobierno. La defensa de Begoña Gómez, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho, ha presentado un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid contra esa decisión, argumentando que el juez cerró la investigación sin respetar los tiempos ni los trámites que exige la ley del jurado, y sin que la instancia superior se hubiera pronunciado sobre recursos previos.
El abogado Camacho afirma que “los delitos que son objeto del presente procedimiento, o bien no se hallan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas”, y cuestiona la “rapidez inusitada” con la que el juez dio carpetazo a la investigación. El recurso de la defensa sostiene que el auto del juez construye “una realidad paralela prescindiendo de todo lo actuado tras casi dos años de investigación”.
Por su parte, el presidente del Gobierno se ha mostrado convencido de que “el tiempo va a poner todo en su sitio”. El juez Peinado se encuentra a pocos meses de su jubilación, prevista para septiembre, lo que añade una presión adicional a un procedimiento ya de por sí complejo. La instrucción quedará cerrada formalmente cuando se adjunten las diligencias ya ordenadas, momento en el que podrá decretarse la apertura del juicio oral.
