La Conferencia de Presidentes ha dejado de ser, en la práctica, el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas que el propio Gobierno de Sánchez definió al redactar su reglamento en 2022. Ese texto, aprobado por el Ejecutivo socialista, establece con claridad que la conferencia se reunirá al menos dos veces al año, y que será convocada por el presidente del Gobierno, por propia iniciativa o a petición de diez presidentes autonómicos. Sin embargo, la realidad de 2026 dista mucho de ese mandato.
La última convocatoria presencial antes de la celebrada en Barcelona en junio de 2025 había sido en diciembre de 2024 en Santander, y la anterior a esta, en La Palma en marzo de 2022. Este ritmo errático, muy por debajo de las dos reuniones anuales exigidas, se ha convertido en una constante que los presidentes autonómicos del Partido Popular han combatido, sin demasiado éxito, tanto desde la política como desde los tribunales. Según los recursos presentados ante el Supremo, el presidente habría incurrido en lo que jurídicamente se denomina inactividad en un acto reglado, saltándose el reglamento ya en 2022 y en las dos ocasiones en que debía haberse convocado a lo largo de 2023.
El año 2026 ha arrancado sin que Moncloa haya fijado fecha para ningún encuentro. El contexto político lo explica en parte. La ruptura con Junts ha dejado a Sánchez sin uno de los pilares que sostenían la legislatura, convirtiendo cada votación relevante en una negociación a contrarreloj con apoyos que se construyen y se desvanecen según el momento político. En ese escenario de fragilidad parlamentaria, el foro con los presidentes autonómicos, donde el presidente se encuentra en franca minoría, no ofrece ningún rédito político al Ejecutivo.
Mientras tanto, Sánchez ha centrado su actividad internacional en erigirse como referente de la izquierda global, convocando en Barcelona una reunión progresista de líderes mundiales que él mismo ha enmarcado como una respuesta a la ola reaccionaria liderada por Donald Trump. El contraste entre esa ambición internacional y la parálisis en el diálogo territorial interno no ha pasado desapercibido entre los presidentes autonómicos de la oposición.
La Conferencia de Barcelona de junio de 2025 dejó un sabor amargo en casi todos los participantes. Tras cinco horas de reunión, Sánchez y los mandatarios autonómicos acabaron en desacuerdo total. De los dieciséis temas abordados, entre ellos vivienda, migración o financiación autonómica, ninguno alcanzó horizonte claro. El barón socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ironizó en aquella sesión con que llevaban tres años sin convocarla, sugiriendo que si prorrateaba los temas por el tiempo transcurrido, necesitaría más de los diez minutos asignados para su intervención. La sala, según testigos presentes, rompió a reír.
Esa imagen resume bien el estado de la cogobernanza territorial en España. Comunidades como Andalucía, Extremadura, Baleares, Castilla y León, Valencia, Galicia, Murcia o Aragón han recurrido judicialmente contra la inactividad del Gobierno, argumentando que hay problemas urgentes que no pueden aplazarse sin fecha por los intereses personales del presidente. El Tribunal Supremo admitió a trámite más de once de esos recursos, requiriendo al Ministerio de la Presidencia que remitiese el expediente administrativo correspondiente.
La financiación autonómica sigue siendo el asunto más urgente sobre la mesa y el más incómodo para Sánchez. El Gobierno prometió presentar un borrador del nuevo modelo de financiación a comienzos de 2026, en cumplimiento del acuerdo con Esquerra Republicana que permitió al presidente su investidura, y con el objetivo de que pudiera implementarse antes de que concluyera la legislatura en 2027. Sin embargo, la propuesta no termina de concretarse, mientras las comunidades exigen un debate multilateral que el Ejecutivo parece empeñado en diferir.
El Gobierno español arrastra además una legislatura marcada por la ausencia de presupuestos generales del Estado, manteniendo prorrogados los de 2023, lo que añade presión sobre una gobernanza territorial que ya funciona a trompicones. En ese contexto, la Conferencia de Presidentes pasa a ser, para muchos, el símbolo más visible de un Ejecutivo que prefiere gestionar la relación con las autonomías de forma bilateral y selectiva, eludiendo el escrutinio del foro multilateral donde la aritmética le es desfavorable.
El reglamento existe. La obligación, también. Lo que falta, según los presidentes autonómicos que llevan meses esperando convocatoria, es la voluntad política de sentarse con quien no piensa lo mismo.
