La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación contra la alcaldesa de València, María José Catalá, dos concejalas de su equipo de gobierno, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia y cuatro trabajadores públicos por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
La investigación ha sido confirmada por fuentes del Ministerio Público y afecta, además de a la propia Catalá y a la presidenta del Puerto, Mar Chao, a las ediles Rocío Gil y Paula Llobet. Los cuatro trabajadores públicos investigados son Esther Pérez, Manuela Gras, Alicia Gimeno y Enrique Móner, todos ellos exintegrantes del Consorcio Valencia 2007.
El origen del caso se remonta a una denuncia presentada por el grupo municipal Compromís a finales de febrero. En ella se sostenía que existió una coordinación entre representantes del Ayuntamiento y de la Autoridad Portuaria con empleados de dicho consorcio, con el objetivo de crear y ocupar diversas plazas de manera irregular. La coalición valencianista señalaba que se habían detectado al menos siete procedimientos activados de forma paralela y concertada entre ambas instituciones para situar a personas con nombres y apellidos en puestos directivos creados prácticamente a medida.
Según un decreto de la Fiscalía del pasado 11 de marzo, ya se ha designado fiscal instructor para el caso. Las diligencias tienen como objetivo recabar documentación, analizar los expedientes completos de contratación y determinar si existen elementos suficientes para judicializar el asunto.
El foco de la investigación se centra en decisiones administrativas adoptadas en la primavera de 2024. En aquel momento, el Consorcio Valencia 2007, organismo participado por el Gobierno central, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento, y presidido por la propia Catalá, se encontraba en proceso de liquidación. En ese contexto se activaron de forma casi simultánea varios procesos selectivos en el Ayuntamiento, en fundaciones municipales y en el Puerto. La acusación principal reside en que se convocaron plazas de empleo público para cubrir puestos directivos en la Fundación Deportiva Municipal, Visit Valencia y la Autoridad Portuaria, las cuales habrían estado dirigidas específicamente para facilitar la colocación de determinadas personas.
Uno de los elementos que más ha pesado en la decisión de la Fiscalía es la existencia de una denuncia notarial previa. El 8 de mayo de 2024, un grupo de trabajadores del Consorcio dejó constancia ante notario de su convencimiento de que dos plazas clave del Puerto ya estaban asignadas de facto a Manuela Gras y Alicia Gimeno antes de que se resolvieran los concursos. A ello se suma un informe de la Intervención General del Estado que, según Compromís, certificó que los concursos podrían vulnerar los principios constitucionales de mérito y capacidad.
Catalá subrayó que la Fiscalía abre diligencias tras cualquier denuncia, sea más o menos fundamentada, y calificó la investigación de simple trámite que se realiza con absoluta normalidad. La regidora insistió en que la apertura de diligencias no implica por sí misma la existencia de un delito y defendió que el Ayuntamiento actuó dentro de la legalidad y con criterios de transparencia en la gestión del personal procedente del Consorcio. Respecto a lo ocurrido en el consistorio, precisó que el proceso fue impecable y recordó que Compromís había exigido en su momento que se recolocara a esos mismos trabajadores.
La portavoz de Compromís, Papi Robles, afirmó que Catalá está convirtiendo el Ayuntamiento en una agencia de colocación para los suyos, con recursos y puestos de trabajo que deberían concursar en igualdad de condiciones, con transparencia y en función del mérito y la capacidad. La coalición anunció además la presentación de una petición de comisión de investigación en el pleno municipal.
Con este caso, el gobierno local de PP y Vox en Valencia suma ya cinco concejales bajo investigación por parte de la Fiscalía o de procedimientos penales. A los nombres de Catalá, Gil y Llobet se suman las diligencias abiertas el año pasado contra los concejales de Vox Juanma Badenas y Cecilia Herrero. Valencia es una de las plazas estratégicas del PP, y la situación dibuja un escenario de fuerte desgaste para una coalición que hasta hace poco presumía de estabilidad.
Por su parte, la Autoridad Portuaria señaló que no informa de los trámites realizados en el marco de procesos judiciales en marcha, aunque subrayó que facilita siempre la documentación e información requerida por cualquier órgano fiscalizador.
