La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno un extenso informe de 192 páginas que sitúa al exasesor ministerial Koldo García Izaguirre como el eslabón clave entre el Gobierno balear que presidía Francina Armengol y los intereses empresariales de Víctor de Aldama durante los meses más críticos de la pandemia. El documento, que se incorpora a la causa judicial del denominado caso Koldo y que ha sido conocido este miércoles, describe una maquinaria sistemática de influencias en la que el hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos ejercía como intermediario habitual, saltándose en la práctica los canales institucionales ordinarios.
El informe 62/2026 certifica que el entonces asesor del ministro de Transportes gestionó directamente con Armengol, al margen de los cauces oficiales, la adjudicación de contratos millonarios a las empresas de Aldama. Tanto a Soluciones de Gestión para la adquisición de mascarillas FFP2 como a la compañía Eurofins Megalab para la realización de pruebas PCR. Toda esta operativa comercial se desarrolló, según explica la UCO, bajo un esquema sistemático de influencias al más alto nivel. Una maquinaria en la que Koldo era, en palabras de la Guardia Civil, la correa de transmisión de la trama.
El origen de la relación queda documentado desde el primer contacto. El primer mensaje que dio origen a la compra de mascarillas procede de Koldo y va dirigido a Armengol: “Buenos días presidenta, ayer la llamé. Caí en la cuenta de que igual no tiene mi móvil. Soy Koldo García, estoy con José Luis Ábalos. Si puede, por favor, me llama cuando pueda”. Ese primer contacto derivó de inmediato en una oferta concreta: un millón de mascarillas FFP2 a 2,50 euros la unidad, trasladada al Servicio de Salud balear.
A partir de ese momento, los mensajes entre ambos se volvieron frecuentes y de notable confianza. La UCO también pone de relevancia el interés de Armengol por adquirir mascarillas infantiles, cuestión que transmite a Koldo García. La entonces presidenta preguntó al asesor: “¿Tú sabes si alguien vende mascarillas infantiles?”. El hombre de confianza de Ábalos le respondió que le diera unas horas para arreglarlo. Los investigadores indican que de este extracto de la conversación se halló una captura de imagen en el teléfono de Víctor de Aldama. La presencia de esas comunicaciones en el dispositivo del empresario refuerza, según la UCO, su posición central dentro del entramado investigado.
El informe también recoge cómo Armengol recurrió a Koldo para acceder al propio ministro Ábalos. La UCO recoge una comunicación por WhatsApp entre ambos, fechada el 15 de junio de 2020, en la que Armengol escribió: “Necesito hablar con el ministro. ¿Me puedes ayudar?”. Los investigadores señalan que Koldo García actuaba como correa de transmisión, gracias a la influencia que ostentaría debido a su posición como asesor de Ábalos, entre las autoridades de la Administración balear y los intereses de Aldama.
La intimidad entre ambos interlocutores queda reflejada en el tono de los mensajes. La sorprendente respuesta que el asesor del ministro dedicaba a la presidenta de la comunidad autónoma ilustra la enorme y atípica confianza existente entre ambos dirigentes políticos: “Vale, cariño, te mantengo informada de todo”.
Las maniobras de la trama llegaron incluso al plano logístico. Aldama recibió autorización para entrar en el Consolat, sede del Govern balear, con su vehículo privado a través de una mediación que realizó Koldo ante Armengol. El asesor trató de agendar urgentemente una comida entre el empresario y la presidenta, facilitándole el contacto de la secretaria y reenviando a Aldama la captura de pantalla de su conversación con Armengol.
El informe no exime sin embargo a Armengol de responsabilidad política en la cadena de decisiones. Las gestiones de Koldo con la Administración balear constituirían parte de la razón de ser del pago mensual de 10.000 euros que Víctor de Aldama le efectuó al asesor desde, al menos, octubre de 2019. El Gobierno de Armengol adjudicó en abril de 2020 un contrato de emergencia a Soluciones de Gestión, la empresa con la que habría aconsejado negociar Koldo García. El Ejecutivo balear pagó 3,7 millones de euros por la compra de 1,4 millones de mascarillas que nunca llegaron a usarse y quedaron almacenadas como stock de seguridad.
El nuevo documento choca frontalmente con el relato que la ahora presidenta del Congreso ha sostenido hasta la fecha. La expresidenta de Baleares subrayó en su declaración al Tribunal Supremo, donde se juzga a Ábalos, Koldo García y Aldama, que “nunca” habló con el asesor ministerial ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra, y que las únicas comunicaciones que tuvo con el exministro fueron referidas al cierre de puertos y aeropuertos.
Desde el entorno de Armengol, sin embargo, se ofrece una lectura opuesta del mismo informe. Sus colaboradores subrayan que el documento demuestra que “Armengol dijo la verdad”, pues nunca daba instrucciones para contratar con ninguna empresa y que “siempre, sin excepción, las decisiones las tomaron los técnicos, no los políticos”. Destacan también que los técnicos rechazaron tres ofertas de la presunta trama que no consideraron útiles, y que tomaron su decisión sin ninguna presión política.
El informe de la UCO queda ahora en manos del magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, quien deberá determinar si la documentación aportada abre nuevas líneas de investigación sobre la figura de Armengol, hasta ahora mencionada en la causa pero no imputada formalmente. El juicio en el Tribunal Supremo contra Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama continúa su curso.
