El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respaldado este viernes la ley de amnistía aprobada por el Gobierno español, al considerar que la norma es compatible con el derecho europeo al no apreciar malversación de fondos ni delitos de terrorismo en su aplicación. La decisión abre la puerta al regreso a España de Carles Puigdemont, aunque este no se producirá de forma inmediata, ya que el expresident mantiene en vigor su orden de detención.
El fallo ha desatado una intensa reacción política. El Tribunal de Justicia de la UE respalda así la ley y allana el regreso de Puigdemont a España, algo que los sectores independentistas han celebrado como una «victoria rotunda», mientras que la oposición y parte del propio Gobierno lo han recibido con duras críticas. Entre los dirigentes catalanes, Oriol Junqueras y Salvador Illa han celebrado la sentencia y han exigido su aplicación urgente, en tanto que el ministro Félix Bolaños ha valorado positivamente el fallo, mientras el Partido Popular, pese a respetar la decisión judicial, ha criticado lo que considera un intercambio de poder por impunidad.
El proceso, no obstante, sigue abierto. La vuelta efectiva de Puigdemont depende todavía de la resolución del Tribunal Constitucional sobre un recurso de amparo relacionado con la malversación, cuya decisión está prevista para octubre. En paralelo, Pedro Sánchez ha cancelado su agenda oficial para centrarse en los desafíos judiciales que afectan a su Ejecutivo, incluidos los casos que salpican a su entorno familiar, lo que añade tensión a un viernes marcado, según medios especializados en la agenda informativa del día, por una mezcla de política judicial y fuerte tensión social que mantiene encendidos los platós y las redes.
La sentencia del TJUE tiene un alcance que trasciende el caso concreto de Puigdemont: al validar el marco jurídico de la amnistía frente al derecho comunitario, refuerza la seguridad jurídica de una norma que ha sido uno de los pilares de la legislatura y, al mismo tiempo, reabre el debate sobre la aplicación práctica de la ley a los distintos procesados del procés. En las próximas semanas se espera que los tribunales españoles competentes empiecen a trasladar los efectos del fallo europeo a las causas pendientes, en un contexto político ya de por sí marcado por la crispación entre Gobierno y oposición.
