Hasta ahora, cualquier compra realizada fuera de la Unión Europea cuyo valor fuera inferior a 150 euros estaba libre de aranceles. Esta normativa permitía que millones de paquetes llegaran a España cada día sin pagar tasas adicionales, beneficiando el crecimiento de los gigantes del comercio electrónico asiático. Eso cambia en una semana.
El Reglamento (UE) 2026/382, publicado en febrero de este año, pone fin a esa situación. A partir del 1 de julio, desaparece la exención automática de derechos de importación para paquetes de menos de 150 euros y entra en vigor un derecho de aduana fijo de tres euros por artículo, como medida transitoria hasta que el nuevo sistema aduanero digital europeo esté plenamente operativo en 2028.
Según datos de la Comisión Europea, en 2024 entraron en la UE más de 4.600 millones de paquetes acogidos a esta exención, unos 12 millones diarios, de los cuales el 91% procedían de China. El resultado era una distorsión del mercado que penalizaba a los comercios europeos, obligados a tributar en condiciones que sus competidores asiáticos sorteaban con facilidad.
El impacto sobre el consumidor puede ser considerable. Un pedido de 80 euros con cuatro artículos enviado desde China acumularía ya doce euros en concepto de arancel, y el incremento puede superar los 14 euros por pedido. Además, a partir de noviembre se estudia aplicar una tasa adicional de dos euros por paquete, lo que elevaría aún más el coste efectivo de este tipo de compras.
Las plataformas ya se mueven para adaptarse. Temu ha firmado un acuerdo con DHL para reforzar su capacidad logística en Europa, con el objetivo de que para 2027 el 80% de sus productos vendidos en la región se distribuyan desde almacenes locales. El modelo de envío directo desde China, que ha sido la base de su crecimiento, pierde rentabilidad con el nuevo esquema arancelario.
En España, donde uno de cada tres consumidores online ha comprado en Temu o Shein en los últimos meses, el cambio puede ser significativo. En Canarias, con su régimen fiscal y aduanero propio, el Gobierno regional estudia cómo integrará la nueva tasa europea con los trámites del IGIC y las declaraciones simplificadas ya existentes, sin añadir cargas adicionales al consumidor.
