Escanear la realidad canaria en los tiempos que corren es un ejercicio descorazonador, no solo por las consecuencias de no proteger lo suficiente un territorio frágil y limitado como el nuestro sino también por estar dejando pasar oportunidades que supondrían para el Archipiélago un giro de timón de 180 grados. Una de ellas es el estatus PTU asociado a Unión Europea, un cambio de estatus jurídico del que disfrutan sustancialmente otros lugares como Curazao, Groenladia o la Polinesia Francesa.
Lejos de suponer aventuras independentistas, cabe recordar que los ciudadanos de estos enclaves continúan ostentando la nacionalidad del país europeo matriz y los derechos inherentes a la ciudadanía europea. Además, la medida habilitaría una herramienta de autogobierno sin parangón, otorgando a Canarias las facultades necesarias para, por ejemplo, controlar la residencia. Situación ésta que desde el actual marco RUP resulta imposible jurídicamente y desemboca en lo que ya todos conocemos. Crisis de vivienda galopante, crisis de movilidad que se acentúa en Tenerife y Gran Canaria, servicios públicos colapsados y un largo etcétera.
Ojo, que nadie se lleve las manos a la cabeza y empiece a tildar estos párrafos como extrema derecha versión timple y folía, más ahora en los tiempos en los que el progresismo parece marcar la opinión oficial. La Historia de Canarias inherentemente viene marcada por el mestizaje y los flujos migratorios pero este tema tiene que ver más bien con una cuestión nada baladí y que importa a todos los que viven aquí. Conservación del territorio, calidad de vida y progreso económico sin depender exclusivamente del turismo de masas. Y lo más importante, poner un stop a una presión demográfica que las Islas, por motivos obvios de capacidad, ya no pueden asumir.
En el run run político varias formaciones hablan de lo que serían parches para mitigar la sangría, intentando actuar desde el marco RUP, con el desgaste que ello conlleva ya que la decisión final siempre va a estar en Madrid y Bruselas. Ecotasa finalista, limitar la compra venta por parte de extranjeros, recuperar la moratoria turística… Acciones que persiguen objetivos loables pero que se pierden en la maraña de los permisos a entidades supracanarias y no atajan el problema desde la raíz. Sobre todo ahora en plena vorágine preelectoral, todos estos discursos adquirirán mayor virulencia, pero el problema reside en la efectividad de los mismos. ¿Y si en lugar de pedir pequeños pescados pedimos a Europa la caña?
¿Cuál es la Canarias que queremos? La que estamos viviendo actualmente como RUP o una en la que una industria turística de calidad conviva con nuevas oportunidades en la economía marítima, financiera e industrial, donde el Archipiélago conserve su arraigo cultural y donde los canarios puedan acceder a una vivienda en condiciones de igualdad. La pelota está en el tejado del pueblo canario para volver a ser Las Afortunadas.
